¿Y si el resto de comunidades hicieran lo mismo que Cataluña?

Hace tiempo que vengo escuchando entre profesionales liberales, autónomos sometidos por el Estado y abandonados por los que presumen, vía subvención del Gobierno, de representarlos, y empresarios asfixiados por la fiscalidad infernal de la ministra Mentira y el socialismo ladrón, que debemos cerrar el grifo a quienes dedican sus esfuerzos y discursos a insultar, denigrar y golpear a la nación que les da de comer. Hemos tolerado y aceptado que Vascongadas y Navarra tengan una fiscalidad propia basándose en fueros viejos y costumbres anacrónicas y desde hace décadas caminamos por la senda de admitir a un tercer miembro en ese club de privilegiados, si no lo era ya.

Un privilegio basado en la metáfora de la garrapata que parasita la sangre de un huésped sin llegar a acabar con su existencia. Un indulto fiscal periódico a quien vende robo y expolio cuando lleva ejerciéndolo precisamente sobre el conjunto del Estado desde que perdimos las últimas posesiones en 1898. Si Madrid y el resto de comunidades en España siguieran el ejemplo de la Cataluña actual y sus líderes, ya tienen el aval constitucional que les permite hacerlo. No me refiero sólo al golpismo político ni al chantaje constante del parásito, sino a negarse a seguir pagando a quien le escupe encima. Si malversar es constitucional, si delinquir es legal, ¿qué impide a otras comunidades autónomas hacer lo mismo que la región que entrona a malhechores como Pujol, Torra o Puigdemont?

Vayamos con los números, la razón que martiriza al populista y limita al mentiroso. Madrid aportó en 2025 al Estado casi 140.000 millones de euros, nueve mil millones más que en 2024, por los 62.000 millones que aportó Cataluña, es decir, que cada madrileño contribuyó con 20.400 euros a las arcas públicas, por los pocos más de 8.000 aportados por el ciudadano que vive y tributa en Cataluña, que, sin embargo, recibe con cada decreto sanchista una morterada de dinero transferido bajo el concepto «Waterloo». Son cifras que han ido aumentando con el paso del tiempo, y demuestra que el relato vendido por el nacionalismo separatista sobre el supuesto robo de España como comunidad que más aporta al conjunto estatal es tan falso como rentable, porque de ese engaño han conseguido que las competencias hacia Cataluña aumenten, que el trasvase de dinero desde la hacienda pública hasta el bolsillo de los sediciosos se multiplique y sin embargo, los servicios que reciben los ciudadanos allí censados sean cada vez más paupérrimos. No importa, porque Sánchez seguirá cediendo y concediendo ante la atenta mirada del sistema que lo permite y de las instituciones que lo soportan.

Pero, ¿qué pasaría si Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y otras regiones decidiesen contribuir con el resto de España pero no con quién le escupe a la cara cada día con la independencia? ¿Por qué dar dinero a quien se lo gasta en corruptelas separatistas, mantenimiento de vividores del escaño y fomento de la delincuencia importada? ¿Por qué debemos sostener a quien no quiere pertenecer al club común? ¿Por qué dar dinero a los insurrectos que se levantan con un golpe de Estado que es perdonado por la vía del chantaje y la amnistía? La vidorra que merecen los golpistas, así como los servicios de quienes apoyan sus delitos, que se lo paguen ellos, una sentencia que empieza a ser un clamor sociológico que pronto se verá representado en las urnas.

En esta era de Transición concluida, donde se normaliza la anormalidad y se hace constitucional el saqueo de la hacienda pública y la corrupción por siete votos, es momento de llevar hasta el final el órdago que hará implosionar esta estafa piramidal en que han convertido la España del chanchullo y el contrabando de intereses y beneficios. Han abierto la puerta del delito por vía constitucional. Mientas los jueces y fiscales le gritan al pueblo que salga a defender la democracia que ellos tratan de mantener en pie, la mitad del país, sumida en su morfina moral y en la idiocia del «y tú más», continua sin ver las consecuencias de que el poder judicial pida socorro a la nación, porque prefieren vivir pobres y subsidiados a libres y autónomos. La desobediencia civil de la que hablé en el anterior artículo, empieza por no asumir como razonable la ilógica ni como legal el delito, aunque lo firme el político y corrupto Tribunal Constitucional.