La responsabilidad de la razón ante las urnas
Hay ocasiones en la vida de un país en las que la cobardía intelectual se disfraza de virtud. Las elecciones suelen ser una de ellas. De repente, todo el mundo habla de participación, de deber cívico, de elegir el mal menor. Como si votar fuera un acto casi religioso, una ofrenda que se deposita en un altar sin preguntar demasiado a qué dios se está ofreciendo. Yo no lo veo así. Votar sin pensar es una forma de traicionarse. Y pensar, en este caso, no consiste en dejarse llevar por el sentimiento ni por la pertenencia a un bando. Es, simplemente, ejercer la razón con rigor.
Los que lleguen a los escaños no van a gestionar ideas abstractas. Van a decidir sobre el dinero que otros han ganado con horas, días y años de trabajo. Van a determinar si ese dinero sigue sirviendo para producir e intercambiar libremente o si se convierte en el botín con el que se compran lealtades, se mantienen clientelas y se construyen redes de dependencia. La corrupción no siempre empieza con un soborno en un sobre. A menudo empieza cuando alguien descubre que puede repartir lo que no ha producido y cobrar el agradecimiento en forma de votos. Esa es, quizá, la manera más limpia y a la vez más dañina de corromper: convertir el erario público en un mercado de voluntades.
Quien no entiende esto todavía no ha captado del todo qué es el poder. El Estado no genera riqueza. Solo puede tomarla, redistribuirla o echarla a perder. Cada euro que se extrae más allá de lo necesario para proteger la vida, la propiedad y los contratos es un euro que se saca del ámbito de la acción libre y se entrega al de la fuerza o del favor. Subir impuestos no es solidaridad. Es legalizar que unos vivan a costa del esfuerzo de otros. Bajarlos de verdad —no como gesto de campaña— es devolver a cada persona el control sobre lo que ha producido con su inteligencia y su trabajo. No conozco principio moral más claro.
Algo parecido ocurre con la regulación. Existen normas que impiden el fraude o la violencia, y esas tienen sentido. El resto, la gran mayoría, funcionan como cadenas. Cada regla innecesaria que encarece una licencia, retrasa una inversión, dificulta contratar o penaliza innovar no es un control social. Es un impuesto oculto sobre el tiempo y la inteligencia. Es la confesión de que el legislador se cree más capaz de dirigir la economía que quienes arriesgan su capital y su reputación. En el fondo, es una forma de desprecio hacia la mente individual.
Por eso votar no debería ser un rito. Es un juicio. Un juicio sobre qué idea del ser humano y de la sociedad estamos dispuestos a respaldar. ¿Aceptamos que el valor de una vida se mida por su utilidad para el colectivo? ¿O defendemos que cada persona es un fin en sí misma y que el único fin legítimo del gobierno es proteger esa condición? Quien vota sin plantearse estas preguntas está renunciando, por omisión, a vivir según su propia razón.
No se trata de exigir pureza a los candidatos. Se trata de exigir claridad. De rechazar el lenguaje que convierte el saqueo en «justicia social» y la mediocridad en «equidad». De desconfiar de quien promete el paraíso a costa de la libertad ajena. De preferir a quien defiende, aunque sea de forma imperfecta, el derecho a producir, intercambiar y conservar el fruto de ese intercambio, frente a quien ofrece pan y circos a cambio de sumisión.
El resultado nunca es indulgente con los pueblos que entregan su soberanía intelectual. Cada vez que se elige el atajo del resentimiento, del miedo o de la promesa de seguridad sin esfuerzo, se refuerza el poder de quienes viven de administrar esa debilidad. Y cada vez que se elige la razón, aunque duela y aunque obligue a abandonar ilusiones cómodas, se defiende el único terreno donde un hombre puede ser realmente libre: el de su propia mente.
Las próximas elecciones no son un espectáculo. Son una prueba. No del carácter de los políticos, sino del nuestro. Del grado en que estamos dispuestos a ejercer la virtud más básica y más exigente: pensar. Porque si renunciamos a ella en el momento de elegir a quienes van a disponer de nuestro trabajo, de nuestros impuestos y de nuestras posibilidades, después no tendremos derecho a quejarnos cuando descubramos que hemos votado a favor de nuestra propia disminución.
La libertad no se hereda. Se elige. Y el único modo de hacerlo es pensando y decidiendo con responsabilidad.
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