La Renta Mínima Vital no puede ser una prestación vitalicia

Mientras el coste del Ingreso Mínimo Vital sigue creciendo a la par que aumenta el número de personas que dependen de esta prestación, la factura la pagan los 22,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social, obligados a hacer frente a los 3.362 millones de euros anuales que cuesta este subsidio, aunque el Gobierno se resista a llamarlo como tal. Esta cifra equivale a 150 euros por trabajador. El coste equivalente soportado por cada afiliado ha pasado de 114 a 149 euros entre 2024 y 2026, un incremento cercano al 31%. La crítica que cabe hacerle a esta medida impulsada por Pedro Sánchez, a instancias de Podemos, cuando llegó al Gobierno, no está en la naturaleza misma de la prestación, sino en el hecho de que no tenga límites temporales y se convierta prácticamente en vitalicia para quienes no alcancen un mínimo nivel de renta.

Y es que si el Ingreso Mínimo Vital tenía como fin «permitir el tránsito desde una situación de exclusión social a una participación en la sociedad», lo cierto es que los datos demuestran que trabajar durante todo el año por un salario de 18.000 euros brutos apenas supone nueve euros más al mes para una familia con dos hijos frente a los ingresos que puede obtener otra familia idéntica en la que ninguno de los dos adultos trabaja y que vive del Ingreso Mínimo Vital. La diferencia entre ambos hogares se limita a 103,92 euros al año, según las cuantías de las prestaciones y las retenciones vigentes en 2026. Se trata de una cantidad tan exigua que lleva a no pocos beneficiarios de la prestación a renunciar a buscar trabajo. Y es que trabajar todo el año por el sueldo antes citado de 18.000 euros anuales sólo incrementa en 8,66 euros mensuales los ingresos monetarios del hogar. Resultado: compensa seguir viviendo del Estado.

Ese es el problema de fondo: el actual modelo desincentiva la búsqueda de trabajo. Porque para muchos beneficiarios trabajar por 18.000 euros brutos al año no les sale a cuenta.