¿Qué más pruebas necesita la Fiscalía para actuar de oficio?

Las grabaciones desveladas por OKDIARIO  revelan un delito de prevaricación administrativa en la concesión a dedo de contratos de obra pública en junio de 2019 bajo el mando del Gobierno socialista. Este diario ofrece una prueba más: un mail en el que los técnicos encargados de evaluar y adjudicar la concesión pública, ante las presiones recibidas de su mando directo del Ministerio de Transportes para alterar la puntuación de la empresa bendecida por el subdirector y director general de Carreteras, decidieron dejar en blanco la casilla de puntuación de esa empresa -Cyosa-Sisocia-. ¿Y por qué esa casilla en blanco? La respuesta es sencilla: para no comprometerse en algo ilegal y dejar que fueran los mandos políticos los que lo hicieran y se responsabilizaran del “apaño”, tal como el propio subdirector de Conservación de Carreteras, Alfredo González, lo llamó en repetidas ocasiones.

El subdirector de Conservación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Alfredo González González, forzó en julio del pasado año el “apaño” de la concesión de un contrato de 25,6 millones de euros en la carretera nacional de Ávila, tal y como ha publicado  OKDIARIO. Lo hizo tras presionar al técnico responsable del proyecto para “subir” los puntos de la compañía Cyopsa-Sisocia. Y utilizó como argumento de presión la frase «cumplo las instrucciones que me han dado». Según él, las instrucciones venían del “director general”. El director general y mando directo de González es Javier Herrero, director general de Carreteras del Ministerio de Transportes.

Decíamos ayer que los altos funcionarios del Ministerio de Transportes implicados en este escándalo no podían permanecer un segundo más en el cargo, con independencia del curso judicial que pueda tomar el caso. El subdirector ha sido apartado de sus funciones mientras se ha abierto una investigación. ¿A qué espera la Fiscalía para intervenir de oficio? Ya está tardando en actuar, porque los indicios que apuntan a un delito de prevaricación administrativa son clamorosos. Y hay más.