Opinión

No es tan fácil engañar a la Justicia

El sanchismo es, entre otras cosas perniciosas, un acto de irresponsabilidad y de deslealtad con los principios de la democracia, pues se articula alrededor de una coalición mafiosa con los enemigos de nuestra nación y del régimen democrático que nos hemos dado. Y a partir de ahí, y como quien traiciona lo más, traiciona lo menos, a su líder le ha resultado fácil no sentirse concernido por ningún otro tipo de obligación o compromiso.

Pero una cosa es que Pedro Sánchez ignore los límites éticos y que no asuma ninguna responsabilidad política, desoyendo a cualquiera que se la demanda, y otra muy diferente que se obvien las responsabilidades legales y se desprecie, o incluso se insulte, a los jueces y fiscales que están obligados a exigírselas. Y ese camino, que no es el mejor y tampoco es el recomendable, es el que han decidido tomar él y los imputados de su entorno personal y político.

El pasado jueves José Luis Ábalos se presentó en el Tribunal Supremo desplegando cinismo y aparentando una actitud de colaboración con la Justicia. Pero, en verdad, la declaración por decisión propia anticipaba la necesaria citación, con presencia ineludible, por parte del instructor. No se trataba más que de una añagaza técnica de dudoso efecto práctico, porque la aparente voluntad colaborativa no se condice si después no contestas, o lo haces con burdas evasivas, a las preguntas clave de los jueces o de la acusación. Como en esos exámenes tipo test en que las respuestas erróneas restan puntos, Ábalos optó por callar ante cuestiones que necesariamente tenía que conocer; y cientos de preguntas sin responder y de aclaraciones no ofrecidas delatan una comparecencia estratégicamente calculada que obviamente no engaña a nadie, y menos que a nadie a los avezados jueces del Supremo que no llevan bien que se les tome por tontos.

La estrategia seguida por Begoña Gómez, y por el propio Sánchez, ante las investigaciones y diligencias del juez Juan Carlos Peinado, es todavía más incomprensible. Bastaría con un mínimo de experiencia del abogado defensor, y con algo de psicología y un poco menos de soberbia por parte de ellos, para entender que a los órganos judiciales no les gusta ser intimidados, insultados y calumniados. En vez de dar respuestas a las preguntas del juez, han optado por los silencios, la obstrucción, los recursos y las querellas; y a la vista de cómo está evolucionando el caso, tampoco parece que sea éste el camino acertado.

Hasta el propio fiscal general García Ortiz se ha puesto en una situación que es inaceptable por parte del Supremo. Se ha empeñado en obstaculizar cualquier actuación y, al mantenerse en el cargo, impedir el desempeño independiente de la Fiscalía que, en la práctica, está actuando como un abogado defensor. ¡Parece que en la Sala de lo penal el mosqueo con los fiscales intervinientes es mayúsculo!

En fin, aunque los imputados puedan hacer casi todo para defenderse, aunque se puedan acoger a su derecho a no declarar, o incluso a mentir para exculparse, no deben olvidar que los jueces atienden a hechos, a evidencias y a elementos de prueba. Los discursitos y los alegatos políticos sirven para los telediarios pero no tienen trascendencia procesal, como tampoco lo tienen las referencias a las condenas de la Gürtel o a la foto de Feijóo con el narco.

Además, a los jueces les gusta que se tome en serio su trabajo y aunque actúen con profesionalidad y sin premeditación ni venganza, son humanos y es normal que ataques y falsas acusaciones (con querellas por prevaricación por medio) terminen por encabronarles y por hacerse sentir en su ánimo.

Puede ser que algunos crean que no es tan importante lo que pasa en los juzgados y que al final lo relevante es lo que digan Silvia Intxaurrondo o Broncano en televisión; o que piensen que esto también es política y que Sánchez lo resuelve con un pacto infame o un pago vergonzoso, es decir, con una de esas artimañas de trilero que son efectivas aunque todo el mundo le pille el truco.

Pero gracias a Dios la justicia no es eso. Como decía el verso de Quevedo, por muchos ademanes y figuras que realicen los investigados, o sus allegados y corifeos, que no cuenten con que los jueces se traguen el relato, sino que juzgarán los hechos probados y calificarán a estos como delitos si se subsumen dentro de los correspondientes tipos del Código Penal. Así, sin más; sin atender a respuestas mitineras, sin frases hechas para abrir telediarios, sin entrevistas masaje y sin cuotas de pantalla.