La ministra Morant es una ‘magufa’

Hace por lo menos 25 años (cómo pasa el tiempo) mi amigo Xoan Carreira inventó el término magufo con un éxito arrollador. Magufo es un mix entre mago y ufólogo y se refiere peyorativamente a quienes promueven o creen en pseudociencias, teorías de la conspiración o fenómenos paranormales que hacen pasar por ciertos sin ninguna evidencia. Xoan y yo nos movíamos en el ámbito del escepticismo científico donde el neologismo fructificó hasta trascender más allá de sus fronteras.

Ahora podemos aplicarlo muy justamente a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que demuestra preocupantemente el clásico patrón: ante cualquier investigación judicial que salpica al círculo del PSOE, la explicación oficial no pasa por la evidencia, sino por una trama orquestada. Primero, en relación con las pesquisas sobre José Luis Rodríguez Zapatero, fue Trump y una supuesta venganza por la postura de Sánchez contra él y las relaciones con China. Ahora, con la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y las medidas cautelares del juez Juan Carlos Peinado —incluida la retirada del pasaporte—, Morant no duda: se trata de una «causa política desde el principio», una persecución para tumbar al Gobierno y con el magistrado pagando «favores a Ayuso».

Como ingeniera de Telecomunicaciones al frente de la cartera de Ciencia, Morant debería encarnar el método científico: hipótesis contrastables, rechazo del sesgo de confirmación y primacía de la evidencia sobre la narrativa oportunista. En cambio, ofrece el manual clásico de las teorías de la conspiración. Cualquier cosa menos aceptar que las instituciones judiciales funcionan con independencia, que las pruebas existen o que la responsabilidad debe recaer donde corresponda (incluso sobre «los nuestros»). La correlación (un juez que actúa en un momento político incómodo) se convierte automáticamente en causación (órdenes de la oposición o de Washington). Es el mismo error lógico que se enseña a evitar en primero de carrera.

Pensadores como Steven Pinker, Michael Shermer y Richard Dawkins han diseccionado con precisión este fenómeno. Shermer, en obras como Why People Believe Weird Things, explica que las teorías conspirativas surgen de nuestra necesidad evolutiva de detectar patrones y agentes intencionales. En entornos de incertidumbre o amenaza percibida (aquí, el riesgo político), el cerebro prefiere una explicación malévola y coherente —»nos persiguen»— antes de aceptar complejidad, azar o errores propios. Este sesgo de agencia hiperactiva es adaptativo en la sabana, pero catastrófico en política o ciencia: lleva a ignorar la navaja de Occam y a multiplicar entidades sin necesidad. Pinker, en Enlightenment Now y Rationality, subraya cómo el pensamiento ilustrado —precisamente el que debería defender un Ministerio de Ciencia— exige normas como la falsabilidad, la actualización bayesiana de creencias y la corrección de sesgos.

Las conspiraciones políticas fallan en esto: son inmunes a la refutación («¡Claro que no hay pruebas, las ocultan!») y se alimentan del tribalismo. Cuando una ministra acusa a los jueces de prevaricación sistemática para defender la inocencia «por defecto» de la esposa del presidente, abandona la racionalidad por el pensamiento motivado. Dawkins, por su parte, ha comparado estas narrativas con virus mentales o meméticos: se propagan por su simplicidad emocional, no por su verdad. Ofrecen consuelo al «nosotros» frente al «ellos» todopoderoso, pero erosionan la confianza en instituciones esenciales.

El problema no es nuevo ni exclusivo de un lado. Pero cuando proviene de la ministra de Ciencia resulta especialmente grave. La ciencia avanza cuestionando prejuicios y exigiendo reproducibilidad; la conspiranoia nos rebaja hacia el dogma. Morant no sólo ignora la distinción elemental entre correlación y causación, sino que proyecta en el Ministerio una imagen de militancia antes que de rigor. Mientras los investigadores españoles compiten por fondos europeos con estándares de excelencia, su titular ofrece razonamientos que avergonzarían a un estudiante de metodología. ¿Qué mensaje llega a los jóvenes científicos? ¿Que la evidencia pesa menos que la lealtad partidista?

España necesita un Ministerio de Ciencia que defienda el escepticismo racional frente a la superstición política. No un altavoz más de narrativas que prioricen el relato sobre los hechos. Como bien señalan Pinker y Shermer, la racionalidad no es innata: es un hábito que se entrena y, sobre todo, se exige a quienes ostentan responsabilidad pública en nombre de la evidencia. Que una ingeniera y ministra lo olvide tan sistemáticamente dice más de los sesgos humanos —lamentables en cualquier ciudadano, imperdonables en quien pilota la ciencia nacional— que de cualquier conspiración imaginaria. Por eso yo le daría el título de «Magufa del año» a la ministra Morant.