Lo grave es que el futuro de Sánchez dependa del horizonte penal de un golpista
El problema de fondo, con independencia de cómo se resuelva el laberinto judicial creado tras la detención y posterior puesta en libertad de Carles Puigdemont, que deberá comparecer el próximo 4 de octubre ante la justicia italiana, es que el Gobierno de España no puede depender de la reacción que la decisión de la Justicia italiana provoque en los golpistas catalanes. Ésa es la tragedia nacional: que Sánchez depende de lo que ocurra a Puigdemont, un prófugo de la justicia española que lideró el golpe contra la Constitución. Si el horizonte penal del expresidente de la Generalitat se complica, se complica el de Pedro Sánchez, algo inaudito en un Estado de Derecho que revela hasta qué punto el futuro político del presidente del Gobierno depende del futuro judicial de un golpista. Ése es el drama: que la estabilidad institucional de España esté ligada a la suerte que pueda correr un delincuente.
Más claro aún: que Sánchez, por mucho que diga lo contrario, prefiera que Italia rechace la petición del Tribunal de Supremo para que Puigdemont no sea entregado a España es algo insólito en una democracia como la nuestra, cuyo Gobierno está a esta hora implorando para que el sedicioso expresidente de la Generalitat pueda seguir en Bélgica. Y es que lo contrario, que Puigdemont fuera entregado a España, rompería el ignominioso equilibrio de fuerzas que mantiene a Sánchez en La Moncloa con la ayuda de los golpistas y los herederos políticos de una banda de asesinos. Porque si Puigdemont es entregado a España e ingresa, como es natural, en prisión, la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez pendería de un hilo que en cualquier momento podrían cortar los independentistas catalanes. Esa es la gravedad de la situación en que se encuentra España: que su Gobierno está cogido por la entrepierna por un grupo de golpistas. Es absolutamente indecente la situación política que vivimos y que se traduce en que lo que le ocurra a Carles Puigdemont puede marcar el destino del presidente del Gobierno de España.
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