España debe mejorar su productividad y competitividad

Una vez más, nos encontramos con uno de los grandes problemas sin resolver de la economía española: la ausencia de productividad y de competitividad. Si analizamos los datos de la EPA y de la CNTR del ITR-2024, podemos darnos cuenta de que la productividad cae en términos interanuales y que el crecimiento intertrimestral de la misma se produce muy en el corto plazo, debido a que se ha producido una destrucción importante de empleo con un nivel mayor de producción. Es decir, esa productividad ha aumentado por destrucción de empleo, no por verdaderas ganancias de productividad que hagan impulsar una mayor producción y un mayor empleo.

De esa manera, la economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.

Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica. ¿Cuáles son los motivos? Una elevada dualidad en el mercado de trabajo, que sigue existiendo, pues por mucho que se obligue a transformar los contratos temporales en fijos discontinuos, esa dualidad sigue existiendo, aunque sea bajo otra apariencia, una creciente inseguridad jurídica, las rigideces en el mercado laboral o los desincentivos para lograr una mejor organización en el trabajo son algunos de ellos.

Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse, como confirma también este último trimestre.

Así, con unos costes laborales creciendo un 5% interanual y un 4% los costes salariales, con la aceleración de la inflación que se está produciendo en España en contraposición con la desaceleración en la media de la eurozona y con la creciente carga impositiva que hay en la economía española, nuestras empresas perderán más competitividad, que les puede hacer perder mercados y, con ello, que se produzca una reducción de actividad económica y de empleo.

Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias, fortaleciendo los ya existentes, como el turismo, el comercio o la hostelería, y reforzando sectores tecnológicos e innovadores, al tiempo que se extienda la eficiencia y, por tanto, la productividad y competitividad al conjunto del tejido productivo.

Esa productividad no se consigue con un incremento del gasto público sin medida, sin objetivo y sin resultados. No se trata de gastar por gastar, sino de mejorar el entorno económico y laboral que permita que la economía mejore de manera eficiente. Sin embargo, lo que observamos es que todo se fía al aumento de gasto público, que ya está provocando un efecto expulsión sobre la inversión, hecho que debilita la estructura económica de España, tanto por un aumento de carga de deuda pública inasumible e insostenible como por pérdida de iniciativa económica privada.

Por eso, resulta esencial eliminar todas las barreras que se opongan al emprendimiento, a la actividad económica y al empleo, conseguir recobrar una seguridad jurídica que dé tranquilidad y confianza a inversores, empresarios y profesionales para incrementar la actividad y el empleo, impulsar la unidad de mercado y eliminar trabas al emprendimiento y al trabajo. Sólo con flexibilidad, seguridad jurídica y eliminación de barreras podrán remontar la productividad y la competitividad en la economía española, esenciales para aumentar el crecimiento potencial y el empleo. Lamentablemente, parece que la política económica desplegada por el Gobierno va en sentido contrario.