El error del impuesto a la banca

El nuevo Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, formado por el Partido Socialista y apoyado por múltiples partidos, entre los que se encuentran la extrema izquierda (Podemos), los separatistas (ERC y PDeCat) y los nacionalistas vascos (PNV) —amén de los proetarras de Bildu—, está empeñado en agotar los dos años de legislatura que restan a golpe de incremento de gasto público para todo tipo de medidas, la mayoría de cara a la galería, con las que pretenden ganar las elecciones cuando se celebren.

Eso está disparando las previsiones de gasto de manera importante, por importe de varios miles de millones, que tensan, aún más, el cumplimiento de la senda de gasto y de los objetivos de estabilidad comprometidos frente a Bruselas, pues el margen es escaso y las políticas de expansión presupuestaria de la agenda del Gobierno son muchas. De alguna manera, tiene que pagar los apoyos recibidos por unos y otros que le sirvieron para consumar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Por ello, dentro de su perfil socialista, el Gobierno está intentando aplicar una subida de impuestos de distintos tipos: rentas altas, homogeneizar —es decir, subir— Sucesiones y Donaciones e introducir un impuesto a la banca. Todos ellos son perniciosos para el crecimiento económico y el empleo, pues restarán actividad económica y, en el medio y largo plazo, mermarán la recaudación por ello.

Ahora bien, llegar al punto de introducir un impuesto a la banca no sólo es negativo por el drenaje de recursos que se produce, sino porque puede ralentizar y encarecer todo el sistema crediticio, ya que las entidades pueden repercutir ese impuesto a sus clientes y, con ello, aminorar el ritmo de transmisión del crédito, tan esencial en la economía, y, en definitiva, reducir el crecimiento económico y el empleo. Es, sin duda, una medida equivocada y negativa para el conjunto de la economía.