Disolver al pueblo y elegir otro

En junio de 1953, los trabajadores de Alemania Oriental se rebelaron contra el régimen comunista. La revuelta fue aplastada con ayuda de los tanques soviéticos y las autoridades, en lugar de preguntarse qué habían hecho para provocar semejante explosión de descontento, reprocharon al pueblo haber perdido la confianza del Gobierno. Bertolt Brecht, comunista de impecable pedigrí, respondió con un poema titulado La solución, cuyo remate proponía irónicamente que quizá fuera más sencillo que el Gobierno disolviera al pueblo y eligiera otro.

Pedro Sánchez parece haber tomado aquella ironía como una recomendación práctica. El problema de Sánchez, asediado por los tribunales y con un destino judicial, cuanto menos, incierto, es que una mayoría holgada de españoles ya no puede ni verle, y no digamos votarle. Y ahí aparece la solución que proponía irónicamente Brecht: cambiar de electores.

La Ley de Memoria Democrática ha abierto las puertas de la nacionalidad española a una multitud de descendientes de emigrantes, mediante una interpretación administrativa que presume la condición de exiliado para los españoles que abandonaron nuestro país entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Una presunción extraordinariamente generosa, porque durante aquellos años salieron de España tanto perseguidos políticos como emigrantes que buscaban trabajo y mejores condiciones de vida.

Hasta el pasado 31 de agosto se habían presentado más de 1,3 millones de solicitudes presenciales. Más de 600.000 habían sido aprobadas. Son cifras que merecen una reflexión bastante más seria que las habituales invocaciones sentimentales a la reparación histórica. Porque estamos hablando de incorporar al cuerpo político español a centenares de miles de personas que, en muchos casos, han nacido y vivido siempre en otro país.

Imaginemos a una mujer de Zacatecas, hija y nieta de mexicanos, que jamás ha residido en España y cuya relación con nuestro país consiste en algún recuerdo familiar y, quizá, unas vacaciones. Gracias a la legislación española puede adquirir una nacionalidad que le proporciona, entre otras ventajas, la ciudadanía de la Unión Europea. Puede seguir viviendo en México, conservando su nacionalidad mexicana y desarrollando allí toda su existencia. Y puede participar en unas elecciones generales españolas.

La pregunta es inevitable: ¿por qué debe decidir quién gobierna España una persona que no conoce directamente nuestra realidad política, que no vive bajo las consecuencias ordinarias de las decisiones de ese Gobierno y que quizá no tenga la menor intención de hacerlo nunca? Su antepasado pudo ser español, y ella puede sentir un afecto sincero por la tierra de sus mayores. Pero la legitimidad del sufragio merece algo más que una genealogía.

Pero, a qué hablar de leyes y argumentos: es Sánchez. Pedro ha demostrado sobradamente hasta dónde está dispuesto a llegar para conservar el poder. La amnistía de los dirigentes del procés, que su partido había rechazado, se volvió aceptable cuando sus votos resultaron necesarios para la investidura. El incentivo era transparente. Si ahora hay que subir la apuesta, se sube.

El Ejecutivo espera que una abrumadora mayoría de estos nuevos votantes envíen la papeleta de su benefactor. Pero, por amarrar, también recurren a las trampas. El Tribunal Supremo ha tenido que requerir a los ministros Bolaños y Albares la identificación de 163.020 nacionalizados afectados por una suspensión cautelar de sus derechos electorales, concediéndoles cinco días para entregar la información bajo advertencia de multas y posibles responsabilidades por desobediencia. Al mismo tiempo, la Junta Electoral Central ha reprochado al CIS de Tezanos el incumplimiento de obligaciones legales relativas a la información metodológica de sus encuestas durante el período electoral. Son controversias diferentes, pero ambas afectan a la confianza que deben inspirar las instituciones encargadas de garantizar la limpieza de la competición política. Estos tipos son capaces de hacer votar a Moctezuma.

Está en el ADN del partido o, como poco, en su historial. En 2017, los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García publicaron 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, una investigación documental sobre las irregularidades, coacciones y manipulaciones que acompañaron aquellos comicios. Un pucherazo en toda regla, y la Historia no tiene otra que admitirlo. Y allí, en primera línea, estaba el PSOE.

Resulta especialmente irónico que el partido que ha convertido la Memoria Democrática en una de sus banderas haya promovido una legislación cuya aplicación suscita ahora preguntas tan graves sobre la composición del censo electoral. Si vamos a recordar 1936, recordémoslo entero, incluyendo lo que ocurrió con las urnas y con la confianza de los españoles en las reglas del juego.

Si se confirma, y todo apunta en esa dirección, estaríamos quizá ante el mayor desmán de este trilero, el golpe de gracia para acabar con la confianza en el sistema y enfrentar a los españoles. Una democracia puede soportar gobiernos pésimos, políticas desastrosas y hasta escándalos de corrupción, pero cuando comienza a extenderse la convicción de que el gobernante manipula las condiciones en las que se celebran las elecciones, queda amenazada la última instancia pacífica para resolver las diferencias políticas. La sospecha de que el poder pretende elegir a sus electores, en lugar de someterse a su elección, puede envenenar durante generaciones la convivencia nacional.

Sánchez tiene, por tanto, una obligación que trasciende cualquier cálculo partidista: despejar las dudas, cumplir escrupulosamente las resoluciones judiciales y garantizar que nadie vote sin reunir todos los requisitos legales. Si su Gobierno está convencido de la justicia y limpieza de esta política de nacionalizaciones, debería ser el primer interesado en facilitar toda la información necesaria para comprobarlo.

La República Democrática Alemana de Brecht—«democrática», en la irónica nomenclatura comunista— cayó poco después de que se derrumbara su Muro de la Vergüenza. Cayó para siempre. Ojalá el sanchismo corra la misma suerte. Y pronto.