Tocar a los muertos, por muy malos que sean, trae mal fario

La Memoria Histórica ha sido un asunto “clave” para el PSOE, tal y como aseguró Óscar Puente, desde que Pedro Sánchez arribó a la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, y por varias razones de peso, las promesas claramente electoralistas del presidente con respecto a las exhumaciones tanto de Francisco Franco como de las víctimas del Franquismo y la Guerra Civil del Valle de los Caídos se van a quedar en papel mojado. Primero porque la Justicia ha paralizado las obras para la extracción de los restos mortales del dictador de la basílica benedictina al entender, y así lo dice el auto, que carece de licencia municipal y no se garantiza la seguridad de los operarios. Y segundo, más electoralista, aunque no por ello menos determinante, es que el tiempo corre en contra del Ejecutivo por la cita con las urnas del 28-A.

No obstante, Sánchez, aun siendo conocedor de ambas circunstancias, no renuncia a utilizar a las víctimas de la dictadura y la guerra con fines propagandísticos que lo lleven de nuevo a La Moncloa, aún conociendo el bloqueo judicial. Este martes, tal y como desvela OKDIARIO, el Gobierno ha enviado en secreto una delegación de Patrimonio Nacional acompañada de Eduardo Ranz, abogado de las víctimas de la Guerra Civil y asesor de Memoria Histórica en el Ministerio de Justicia, hasta el conjunto de Cuelgamuros para estudiar el plan urgente de exhumación de tumbas republicanas.

Un proyecto enmarcado bajo la cartera de Dolores Delgado que Sánchez pretende implementar antes de poner fin a la legislatura, aunque, a tenor del plazo dado por los autores del citado plan, será harto improbable. Los expertos creen que se necesitarán al menos cinco años para recuperar los restos mortales de las víctimas. Dicho de otro modo, Sánchez no podrá cumplir con ninguno de los dos compromisos adquiridos tras su llegada al poder gubernamental. Una vez más, el presidente faltará a su palabra porque ni podrá exhumar a Franco –algo que ya se podía inferir de las palabras de Isabel Celáa tras el pasado Consejo de Ministros y hoy confirma el auto judicial– ni podrá desenterrar a las víctimas del conflicto bélico español porque, al menos de momento y hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie –si es que finalmente la familia Franco acude al Alto Tribunal–, el derecho canónico permite decidir a la orden benedictina sobre todo lo que haya dentro de la basílica, incluidas las criptas mortuorias. En definitiva, una vez más, la quimera de Sánchez con respecto al Valle de los Caídos se desmorona.