Alto el paso a los golpistas

Los golpistas catalanes siguen empeñados en prolongar su desafío contra España. De nada sirve, al menos por ahora, que el Tribunal Constitucional (TC) pida la intervención del fiscal para detener en seco el proceso independentista o que el Tribunal Supremo (TS) solicite al Congreso el suplicatorio para actuar contra Francesc Homs. El Parlament menosprecia la justicia española y convoca un referéndum secesionista para septiembre de 2017. Carme Forcadell, segunda autoridad pública en Cataluña, dobla así su apuesta contra la nación. La presidenta de la Cámara autonómica reitera su desafío a pesar de que el TC ha pedido al fiscal que actúe penalmente contra ella. Esta iniciativa sólo puede obedecer a dos causas: o piensan que España se limitará a lanzar meras amenazas o el movimiento separatista está decayendo y necesitan ofrecer un revulsivo a sus feligreses.

Las evidencias contextuales así lo demuestran. Desde que los independentistas se apropiaran de la Diada en 2012, ningún 11 de septiembre había tenido tan poco seguimiento estelado como el de este 2016. Por otra parte, el desencuentro entre los precursores del golpe de Estado es cada día más evidente. A pesar de la crisis económica en Cataluña —sólo aliviada por los 1.600 millones del Fondo de Liquidez Autonómica— Junts Pel Sí y la CUP han sido incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar los Presupuestos. Estas desavenencias están calando entre sus acólitos hasta el punto de que la desafección podría situar el procés en punto muerto. De ahí que sus dirigentes vuelvan a aprobar un nuevo chantaje de cara a 2017 con el objetivo de mantener la tensión política durante un largo periodo de tiempo. Una cortina de humo que, además, trata de ocultar una pésima gestión social y económica con el 35,9% de deuda y un descenso del 60% en las inversiones internacionales.

La reacción del Estado ha de ser contundente ante todos estos ataques y, lo que es peor, la reiteración en los mismos. No vale con amagar ni amenazar en balde. Hay que ser inapelables con riguroso arreglo a la ley y, si es necesario, recurrir al artículo 155 de la Constitución. Es cierto que todo sería mucho más fácil con un Gobierno estable. No obstante, y dado el bloqueo político que carcome la viabilidad del país, los principales partidos constitucionalistas —Podemos no cuenta porque está a favor de los separatistas— deben alcanzar un acuerdo para actuar de manera conjunta y sin fisuras con el objetivo de proteger la unidad de España. Los independentistas no pueden campar a sus anchas y pensar que la parálisis institucional es una suerte de autopista sin obstáculos para su viaje a ninguna parte.