De la agitación pre-Diada al botellón
Que el separatismo ha decidido cambiar, de momento, la agitación callejera por reagrupar de fuerzas y acumular recursos para que el futuro «lo volveremos a hacer» sea exitoso, es más que evidente. En Cataluña, en los años álgidos del ‘procés’, agosto era un mes muy caliente, políticamente hablando, con amenazas al Gobierno de España, declaraciones pre-bélicas de los principales líderes separatistas y un apoyo total de las masas independentistas a los preparativos de la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre que convocaba la ANC y Òmnium Cultural.
La gran noticia política de Cataluña en este mes de agosto no han sido los récords que antaño batían las entidades separatistas en ciudadanos inscritos para la gran marcha norcoreana del separatismo: de lo que más se ha hablado es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desautorizado la intención de la Generalitat de mantener el toque de queda nocturno. Pere Aragonès buscaba eliminar los botellones aplicando normas dignas de un estado de sitio, como si para evitar que unos miles de jóvenes beban en la calle a altas horas de la madrugada no bastara con la policía autonómica. Que no ha sido suficiente, pero no por culpa de la eficacia de los agentes, sino porque el Govern ha demostrado sobradamente su inutilidad, y cuando pones a incapaces a dirigir una consejería como la de Interior, no controlas ni a unos jóvenes borrachos o en camino de serlo.
Miedo da lo que harían Esquerra Republicana y Junts en una hipotética República Catalana para afrontar una crisis de seguridad de las de verdad. Si miles de jóvenes, ‘armados’ con latas de cerveza y tetra briks de sangría, han desbordado a los Mossos d’Esquadra, si hubiera disturbios por razones económicas o sociales, o una crisis terrorista, veríamos al presidente diciendo que la culpa era «de España». Tengan claro que si algún día – aunque es imposible con esta banda de incapaces que dirigen los partidos separatistas – Cataluña fuera independiente, no se librarían del «España nos roba» o «España nos maltrata». Sin «España» para culparla de todos sus males, un secesionista catalán no es nada.
A la espera que la mal llamada mesa de diálogo, en realidad «mesa del trapicheo», consagre las nuevas concesiones económicas y competenciales de Pedro Sánchez a los separatistas catalanes a cambio de su apoyo en el Congreso de los Diputados, queda claro que la manifestación de este próximo 11 de septiembre será una movilización residual, que reunirá a unas docenas de miles de radicales que tendrán como único fin detenerse ante la Jefatura de la Policía Nacional de Vía Layetana para pitar a los agentes y exigir su cierre. En eso han quedado las peticiones del separatismo más asilvestrado: de «el mundo nos mira» y «tenemos prisa» a conformarse con que trasladen la comisaría del CNP del centro de Barcelona.
Por supuesto, no hay que concederles esta victoria simbólica, aunque el Gobierno de Sánchez esté más que dispuesto a todo tipo de concesiones menores con tal de ir ganando votaciones en el Congreso y así apurar la legislatura al máximo. Que las encuestas pintan un panorama muy oscuro para PSOE y Podemos y todo lo que sea ganar tiempo, a la espera de algún giro en los acontecimientos que impida la victoria del centro-derecha, será bienvenido. Pere Aragonès lo sabe y va a cobrar muy caro su apoyo al líder socialista, porque además sabe que tiene un gobierno muy deficiente que no controla ni los botellones y necesita recursos y nuevas competencias para consolidar su posición.
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