España necesita reducir un 43% más sus emisiones para cumplir los objetivos climáticos de la UE en 2030
Conclusiones centrales del último número de Papeles de Economía Española, la publicación trimestral editada por Funcas
Los sectores económicos reducen emisiones pero los hogares encuentran dificultades para descarbonizar
El transporte mantiene plana su intensidad de carbono durante tres décadas y frena la transición
El ritmo de descarbonización en España no es suficiente para alcanzar los objetivos climáticos que la Unión Europea (UE) ha fijado para 2030. Esa es la conclusión central del último número de Papeles de Economía Española, la publicación trimestral editada por Funcas, dedicada íntegramente a analizar la transición hacia la neutralidad climática.
El monográfico, titulado Transición hacia la neutralidad climática: objetivos y realidad, advierte de que la UE tendrá serias dificultades para cumplir el compromiso de reducir al menos un 55% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 respecto a los niveles de 1990 si no se intensifica la velocidad del proceso.
43% pendiente
En el caso de España, el déficit es aún más pronunciado. Según el análisis de Jesús Rodríguez-López, Gustavo Marrero-Díaz y Andrés Lorente-de-las-Casas, las emisiones netas del país deberían disminuir todavía un 43% adicional para ponerse a la altura de los objetivos climáticos europeos. Un reto de enorme magnitud si se tiene en cuenta que, aunque desde 2005 se registra una reducción continua, el avance no sigue el ritmo necesario.
Esa reducción acumulada desde 2005 se explica por varios factores: la moderación en la intensidad energética, la desaceleración económica entre 2008 y 2014, y el efecto de composición sectorial. El sector servicios, que representa más del 70% del valor añadido bruto (VAB) de la economía española, sólo genera el 3% de las emisiones totales, lo que ha favorecido la tendencia a la baja.
Transporte, el escollo
Sin embargo, hay un sector que concentra buena parte de las dificultades: el transporte. Pese a haber mejorado su intensidad energética, su intensidad de carbono se ha mantenido plana durante las tres décadas analizadas. Este estancamiento lo convierte en uno de los principales obstáculos para la descarbonización y el cumplimiento de los objetivos climáticos marcados por Bruselas.
Albert Gragera y Anna Matas analizan las políticas de movilidad urbana orientadas a la descarbonización del transporte en el documento de Funcas. Medidas como las subvenciones al precio del transporte público o la implantación de zonas de bajas emisiones favorecen el uso del transporte colectivo, pero su efecto sobre la reducción de las emisiones de CO₂ resulta limitado mientras no se internalicen los costes externos del coche privado.
Heterogeneidad regional
La descarbonización en España también presenta importantes diferencias entre territorios. El estudio de Pilar Más Rodríguez y Lucien Antonio Vargas revela que la estructura productiva, el mix energético y los factores tecnológicos explican por qué unas regiones avanzan mucho más rápido que otras. Galicia y Aragón encabezan el ranking con descensos cercanos al 30% entre 2019 y 2023, frente a la media nacional del −17%.
En comunidades como Galicia, Cantabria, La Rioja o Asturias, la reducción de emisiones deriva principalmente de una menor intensidad eléctrica y una demanda más contenida. En cambio, Aragón, Andalucía, Baleares y la Comunitat Valenciana deben su progreso a la penetración de las energías renovables en el mix eléctrico. Extremadura y Castilla-La Mancha, por su parte, registran avances más moderados.
El PERTE industrial
En el ámbito industrial, Pedro Linares examina el PERTE de descarbonización, el principal instrumento de apoyo público en España. El programa ha concedido 530 millones de euros en ayudas —fundamentalmente subvenciones directas— con obligación de ejecutarlas antes de marzo de 2026. El análisis señala, sin embargo, importantes limitaciones en su diseño que comprometen los objetivos climáticos del sector.
Los plazos de ejecución son considerados excesivamente ajustados, y la falta de disponibilidad tecnológica competitiva en algunos sectores pone en duda la capacidad de lograr avances significativos en la reducción de emisiones. A ello se suma que articular las ayudas como subvenciones a la inversión, y no como apoyo a los costes de operación, restringe las opciones disponibles para avanzar en la transición.
Automoción rezagada
La industria del automóvil española también aparece como punto débil en el proceso de descarbonización. Esther Gordo y María J. Moral constatan que los grupos con factoría en España se están adaptando al vehículo eléctrico a un ritmo claramente inferior al de la industria alemana.
Dado que la producción nacional está orientada a la exportación, esa lentitud se traduce en una pérdida de competitividad en los mercados europeos.
Los hogares, rezagados
Otro frente problemático son los hogares. María Victoria Román, Arkaitz Usubiaga-Liaño e Iñaki Arto estudian la huella de carbono de las familias españolas y concluyen que el nivel de gasto es el principal determinante de sus emisiones: a mayor consumo, mayor impacto ambiental.
Aunque la huella de los hogares españoles sigue lejos de la senda de la descarbonización, existen familias con niveles de huella sostenible que sirven de referencia para impulsar cambios de hábito.
El conjunto de los estudios publicados por Funcas dibuja un escenario de transición incompleta, donde los avances son reales pero insuficientes. Sin una aceleración decidida del proceso y sin políticas más ambiciosas que aborden tanto la demanda como la oferta energética, la brecha entre los compromisos adquiridos y la realidad de descarbonización de la economía española seguirá siendo un riesgo para el cumplimiento de los objetivos climáticos de la agenda europea.
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