El campo español perderá 80.000 kilómetros cuadrados con la Ley de Restauración de la Naturaleza
ASAJA considera que la norma europea afectará a la agricultura y a la ganadería que podrían pasar a ser actividades improductivas
SEO/BirdLife publica un informe identificando una selección de 120 áreas degradadas por diferentes circunstancias con gran potencial y valor ambiental
![Restauración naturaleza](https://okdiario.com/img/2024/08/26/restauracion-naturaleza.jpg)
![Antonio Quilis Sanz](https://okdiario.com/img/2023/11/06/antonio-quilis-okgreen.jpg)
Ya ha entrado en vigor la Ley de Restauración de la Naturaleza, una norma europea que supondrá enormes cambios para los paisajes europeos, su biodiversidad y también para los agricultores españoles que, a raíz de la aprobación de Bruselas, afirman que afectarán al campo de una manera considerable.
Ante estas mermas en las explotaciones agrícolas causadas por la Ley de Restauración de la Naturaleza, también se alzan las voces de los agricultores que afirman que no saben cómo se costeará y cuánto les costará este cambio de usos de los paisajes.
La norma, que entró en vigor el pasado lunes fue presentada por la Comisión Europea en junio de 2022, tiene como objetivo el reparar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados en 2030, y la totalidad de ellos (incluidas tierras de cultivo o transformadas por la ganadería) en 2050.
Mariposas, tierras y aves
La ley incluye medidas específicas para recuperar las poblaciones europeas de polinizadores, en declive, y proteger determinadas especies de mariposas y aves.
Además, prevé ayudar a plantar al menos 3.000 millones de árboles nuevos de aquí a 2030, los países de la UE deben asegurarse de que no se produzca una pérdida neta de espacios verdes urbanos ni de cubierta arbórea.
Pero, ¿qué objetivos concretos busca esta ley? Según Bruselas y el texto aprobado ya en marcha, con vistas a mejorar la biodiversidad de los agroecosistemas, los países de la UE habrán de avanzar en dos de los tres indicadores siguientes:
- El índice de mariposas de los pastizales
- La proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas, y las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo
- Tomar medidas para aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios, ya que estos animales son buenos indicadores del estado general de la biodiversidad
Eliminación de presas
Dado que la restauración de las turberas drenadas es una de las formas más rentables de reducir las emisiones en el sector agrícola, los países de la UE deben reparar al menos el 30 % de las mismas (como mínimo deberá rehumedecerse una cuarta parte), el 40 % de aquí a 2040 y el 50 % para 2050 (donde habrá que rehumedecer al menos una tercera parte). El proceso de rehumidificación seguirá siendo de carácter voluntario para los agricultores y propietarios particulares.
Esta estrategia también establece objetivos, como rehabilitar 25.000 km de ríos, eliminando presas, y mejorar la calidad de los hábitats naturales en un 15 %. También se establecen medidas para reducir la contaminación y promover la agricultura sostenible y la pesca responsable.
Incertidumbres para los agricultores
Las organizaciones agrarias muestran una gran preocupación por no saber cómo se activará la financiación para accionar esta norma europea. Desde ASAJA declaran que esta decisión «genera muchas incertidumbres sobre el mantenimiento del sector agroganadero en amplias zonas comunitarias y la soberanía alimentaria de su población».
La organización agraria lamentó que «la clase política legisla sobre la agricultura desde la ignorancia de los despachos y desde la falta de conocimiento de la realidad, influenciados por los lobbies medioambientalistas que tanto daño están haciendo al sistema productivo».
Además, el hecho de que la aprobación de la ley se haya producido por una diferencia de votos ajustada (329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones) «es motivo de reflexión, levanta sospechas sobre los intereses que hay detrás de los votos a favor y pone en duda la credibilidad de las instituciones que dicen apoyar al sector».
Actividades no rentables
Por otro lado, la inclusión «tan sólo» de las zonas de la Red Natura 2000 no es ningún consuelo en España, porque en nuestro país esto afectará a casi el 40 % de la superficie total, un territorio donde la agricultura y la ganadería pueden pasar a ser actividades no rentables económicamente, lo que supondría la pérdida automática de una base fundamental de la sostenibilidad: el pilar económico.
«Es importante recordar que los agricultores no estamos en contra de la restauración de la naturaleza, como se ha estado acusando desde determinados grupos y organizaciones. Somos conscientes de nuestro papel como defensores de la tierra y reconocemos la necesidad de adoptar prácticas agrícolas sostenibles que promuevan la biodiversidad y la conservación de nuestros ecosistemas.», explican desde ASAJA.
40 % del territorio español
Con la intención de la Comisión Europea de obligar a devolver todos los ecosistemas dañados a su condición original, o al menos, a un estado cercano a cómo era antes de haber sufrido el daño, según los cálculos de Asaja, esto supondría que «el 36 % de la superficie terrestre de Portugal y el 40 % de la superficie de España pasarían a ser improductivas porque no se permitiría la actividad agrícola como hasta ahora, a pesar de cumplir ya numerosas condiciones, como las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)».
Desde ASAJA afirman que la Ley de Restauración de la Naturaleza afectará a las prácticas llevadas a cabo en tierras de uso agrícola y ganadero y que podrán implicar la obligación de introducir elementos paisajísticos, reducir el pastoreo, detener el uso de fitosanitarios y fertilizantes para permitir que los ecosistemas desarrollen sus propias dinámicas.
Miles de decenas de kilómetros
En concreto, lo único que se ha calculado es que se deberán restaurar hasta un 40 % de las superficies protegidas por la Red Natura. En España, la Red ocupa 138.000 kilómetros cuadrados en tierra y 84.300 kilómetros cuadrados en el mar. Según las primeras estimaciones realizadas por Asaja, esto se traducirá en que el campo español va a perder 80.000 kilómetros cuadrados de tierras de cultivo.
«Todo ello, sin que, además, se contemple una dotación financiera adicional para cubrir y compensar estas nuevas exigencias», denuncian, lo hace temer que el dinero se saque de otras partidas, incluidos los fondos de la PAC.
120 espacios a restaurar
Recientemente, SEO/BirdLife publicó un informe denominado Áreas degradadas con posibilidades de rehabilitación en España identificando una selección de 120 áreas degradadas por diferentes circunstancias con gran potencial y valor ambiental.
Desde la organización ambiental, «el Reglamento de Restauración de la Naturaleza representa una oportunidad histórica para recuperar naturaleza en Europa y avanzar en la mejora de su estado de conservación. Con este nuevo informe, SEO/BirdLife pone a disposición de las administraciones competentes una lista de lugares donde poner en marcha acciones de restauración para recuperar biodiversidad».
Áreas degradadas en España
Para SEO/BirdLife, «las áreas degradadas son aquellas zonas que han sufrido una pérdida y/o alteración significativa de su biodiversidad, productividad y capacidad para ofrecer servicios ecosistémicos debido a la actividad humana o a fenómenos naturales».
En el trabajo se han identificado y priorizado zonas degradadas con potencial de restauración en todas las comunidades autónomas. Si bien la principal causa de degradación de las zonas seleccionadas es la alteración y destrucción directa del medio natural, también se han incluido zonas alteradas por contaminación, el impacto residual de infraestructuras lineales, por especies invasoras o por desarrollos urbanísticos descontrolados.
La norma está en marcha, pero hay que mirar al futuro para saber cómo se concretarán las políticas de cada estado para aplicarla. Es previsible, por tanto, que muy pronto comiencen intensas negociaciones entre las organizaciones agrarias y el Gobierno para determinar las medidas concretas aplicables en España.