Un agricultor aragonés pone el grito en el cielo y pide compensaciones urgentes: los castores le han talado 396 perales en la ribera del río Jalón

• Naiara Philpotts @NaiiPhilpotts
• Editora formada en la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en lectura crítica. Escribo sobre ciencia, tecnología y actualidad. Soy escritora de novelas y gran aficionada a la ciencia ficción.
• • 24/06/2026 16:00
  • Actualizado: 24/06/2026 16:00

Jesús Ángel Hernández, productor de Embid de la Ribera, presentó en abril una reclamación al Gobierno de Aragón por los daños que los castores causaron en sus fincas junto al río Jalón.

El agricultor español exige una indemnización por responsabilidad patrimonial y se apoya en informes de los agentes para la protección de la naturaleza, que levantaron acta de cada árbol afectado.

Los castores son una especie que goza de protección especial en España; sin embargo, su población crece de forma exponencial en el valle del Jalón. Tienen presencia documentada en al menos otros seis ríos aragoneses y los primeros avistamientos en las riberas de la comarca de Calatayud se remontan a hace unos veinte años.

Los daños de los castores en las fincas de Embid de la Ribera

Con el respaldo de los informes oficiales, Hernández contabilizó 396 perales derribados en 12 pequeñas fincas tradicionales junto al cauce del río, otros 42 árboles con afecciones graves en el perímetro del tronco y una media de perjuicio en las ramas principales del 84 %, con mayor concentración en los ejemplares más próximos al agua.

Los 42 árboles con daños en el anillo externo del tronco representan un perjuicio distinto al de los árboles talados. Esa lesión en el perímetro interrumpe la conducción de savia entre raíces y copa, lo que provoca la muerte progresiva de la parte aérea, aunque el árbol permanezca de pie. Los informes oficiales lo documentan como daño irreversible.

La recuperación de una explotación frutal como la de Hernández requiere un plazo de hasta 20 años para que los nuevos ejemplares alcancen el rendimiento productivo de los perdidos. Cada peral adulto puede aportar entre 80 y 100 kilos de producción por ciclo, y su sustitución supone una inversión económica que el agricultor asume mientras la colonia de castores continúa en la ribera.

Los castores en Aragón, una especie protegida en expansión

Hernández no es el único productor afectado en la comarca de Calatayud. Antonio Durán, otro agricultor de la zona, perdió entre 18 y 22 perales en la temporada anterior junto al mismo río. «Roen los árboles más cercanos al río de tal manera que parecen cortados con hachas. Es una vergüenza y no podemos hacer nada», advirtió según declaraciones recogidas por Calatayud Noticias en 2024.

El propio Hernández advierte: «En tres o cuatro años no quedará un frutal ni medio cerca del río». Los castores construyen presas y madrigueras para las que derriban los troncos más cercanos al agua. La legislación española impide su control poblacional sin autorización específica del Gobierno de Aragón.

Las medidas preventivas que recomienda la administración se limitan al vallado perimetral de las parcelas y al uso de pastores eléctricos. Su aplicación resulta compleja en fincas dispersas a lo largo de kilómetros de ribera y los agricultores afectados las consideran insuficientes.

El precedente legal de la responsabilidad patrimonial por castores

La reclamación de Hernández tiene antecedentes en la comarca. Una sentencia judicial de 2021 reconoció una indemnización de 424.000 euros por daños provocados por castores en fincas agrícolas de la zona, un precedente que refuerza la vía legal que ahora sigue el productor de Embid de la Ribera.

La responsabilidad patrimonial de la administración permite reclamar al Estado una indemnización cuando el ciudadano sufre perjuicios por la protección que la ley otorga a una especie. La condición de especie protegida de los castores prohíbe su control sin autorización de la Diputación General de Aragón (DGA).

Ese mecanismo puede generar la obligación de reparar cuando los daños están cuantificados y acreditados documentalmente, que es la situación que Hernández acredita con los informes de los agentes, según detalla el Heraldo.