Isabel Pantoja, ante nueva imputación penal

Tras dejar atrás su particular annus horribilis 2020, que acabó en polémica ruptura con su hijo Kiko, Isabel Pantoja se enfrenta a un nuevo procedimiento penal que tensa más aun su día a día. En noviembre de 2016, la artista recuperaba su libertad tras cumplir 2 años de prisión por el caso Blanqueo de capitales, una pieza separada del caso matriz Operación Malaya. Un año después se topaba de nuevo con la Justicia: la venta de su chalé marbellí “Mi Gitana” y una deuda contraída en 2004, sin saldar debidamente en el momento de firmar la transacción del inmueble, la llevaban de nuevo ante un juez imputada – investigada-, en este caso, por un presunto delito de estafa.

Los hechos se remontan a 2004 cuando la constructora Codabe demandó a Panriver56, una de las sociedades con las que suele operar la artista, por impago de las obras realizadas en la terraza-discoteca Cantora Kopas y la tienda de recuerdos que Pantoja explotaba junto al restaurante del mismo nombre, en la localidad malagueña de Fuengirola. Isabel, entusiasmada con la concesión municipal que le permitiría explotar unos 4.000 metros cuadrados de terreno, se decidió por un restaurante y, poco después, construir también una discoteca y tienda de souvenir. Contrató los servicios de la constructora malagueña Codabe s.l. y comenzaron las obras. Las quejas de los vecinos de la zona por la instalación de una discoteca y las molestias aseguradas por el ruido y la música alta provocaron que el Ayuntamiento replanteara a Pantoja la reubicación del local de ocio nocturno en otra parcela. El nuevo destino, dentro del mismo terreno, era más grande y por lo tanto el presupuesto se incrementaba. El proyecto siguió adelante, el constructor llevó a cabo su trabajo y aunque se llegó a la apertura muy justos, la cantante inauguró Cantora Kopas, como publicaron los medios, en agosto de 2002. El problema llegó a la hora de pagar. Acabadas las obras, la sevillana, que ya mantenía una relación sentimental con Julián Muñoz, solo admitió pagar según el presupuesto inicial y se negó a aceptar el incremento, según me detallan testigos de las conversaciones. El constructor malagueño llevó a Pantoja a los tribunales y a finales de 2004, la Audiencia Provincial de Málaga le dio la razón y condenaba a la artista a abonarle 92.000 euros. No pagó y la deuda se convertiría en un nuevo embargo de la finca Cantora, que la artista heredó de su marido, Francisco Rivera ‘Paquirri’ junto a su hijo Kiko, en Medina Sidonia (Cádiz).

Hasta aquí el origen de los hechos que propiciaron después las diligencias previas del procedimiento penal abierto por la sociedad Hormofer S.L., una empresa de Córdoba que se dedica a la construcción y reformas, contra la cantante por presunta estafa, en 2017. Sí, es otra constructora la que la denuncia. Dos años antes, Isabel Pantoja vendió el chalé marbellí “Mi Gitana” que compartió con el exalcalde Julián Muñoz. Siendo exactos, ella no vendió nada porque en esa fecha permanecía ingresada en Alcalá de Guadaira. Isabel no estuvo presente en la negociación ni en la firma de la escritura de la compraventa. La cantante otorgó poderes generales en noviembre de 2014, días antes de entrar en el centro penitenciario mencionado, a su hermano Agustín, quien en el primer trimestre de 2015 firmaba con la sociedad Grand Fashion Banus S.L la venta del polémico chalé de su hermana por 2.255.476 de euros.

Seguimos. Dado que esta cantidad no alcanzaba a pagar todas las cargas y deudas de la vivienda, se pactó con los acreedores diferentes quitas para poder vender sin cargas, tal y como, lógicamente, exigía el comprador. Con Codabe sl, en concreto, se pactó pagar 62.759 euros en lugar de los 87.775 euros pendientes de pago (más intereses y costas de 26.332 anotación del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid). Se extendió un cheque bancario y cobró el abogado de la empresa. Con el acuerdo extrajudicial se dio por zanjada la deuda, al igual que se hizo con el resto de los acreedores en el momento de la venta, tales como el Ayuntamiento de Marbella, la Hacienda Pública y con la entidad bancaria que concedió el préstamo hipotecario y que ya había ejecutado por 2.480.170€, de los que finalmente se pagaron 2 millones con la quita.

Sin embargo, pagar a Codabe fue un error que le ha costado a Pantoja una imputación por presunta estafa. Resulta que esta empresa contrajo a su vez una deuda con Hormofer s.l. en 2004, litigio que se resolvió con “un embargo sobre embargo”. Hormofer se hacía con el derecho de cobro del embargo de “Mi Gitana”. Era a la constructora de Córdoba a quien Pantoja (su hermano Agustín como apoderado) debía haber pagado la deuda y no a la firma malagueña que, aunque fue quien realmente acometió la obras, perdió el derecho de cobro por su propia deuda con Hormofer. Según me explica el penalista que defiende a la artista en esta denuncia penal, “el cambio de deudor no se modificó en el registro” por lo que, probablemente, lo desconocían. El querellante va contra ambos: la constructora malagueña (que cobró) y contra Pantoja.

Nadie sabía nada de esta nueva imputación de Isabel, pero en diciembre de 2018, la cantante declaró mediante videoconferencia desde Chiclana ante el titular del juzgado número 3 de Marbella. Este pasado julio, solicitó por escrito el archivo de la querella por entender que no es responsable, máxime cuando nunca estuvo presente en las negociaciones ni en la firma. El procedimiento sigue abierto, Pantoja imputada y este lío de deudas que parecen perseguir a la artista escribe un nuevo capítulo. Ya se sabe que quien paga, descansa. Estaremos pendientes.