Los privilegios personales que tendrá Pedro Sánchez después de "fundir" España al abandonar la Moncloa

Ha comenzado el curso político y Pedro Sánchez, con su habitual gesto solemne y verbo ensayado, ha querido dejar claro que resistirá hasta el final. Promete agotar la legislatura, presentar los Presupuestos de 2026 y recordarle a la oposición que las elecciones tocarán en 2027, “ni un día antes”. Lo dice con la firmeza de quien repite un mantra: cada votación será un pulso, cada sesión parlamentaria una batalla, y cada rueda de prensa una oportunidad para acusar al PP de sonar como un disco rayado, siempre reclamando un adelanto electoral. Entre tanto, España contempla el espectáculo de un Ejecutivo que sobrevive voto a voto en un Congreso atomizado, rodeado de frentes judiciales y salidas incómodas en el propio partido. Y todo ello bajo la batuta de un líder que ha hecho de la resistencia su marca personal: economista de formación, actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, que llegó a la Moncloa en 2018 tras la primera moción de censura de la democracia y que, desde entonces, ha gobernado gracias a una compleja aritmética parlamentaria.

Pero la épica del discurso rara vez sobrevive a la aritmética de los hechos. La experiencia enseña que todo presidente, por muy resistente que se declare, termina marchándose. Y en España, cuando un inquilino abandona la Moncloa, nunca lo hace del todo: se va el cargo, pero no la moqueta, que se pega como una segunda piel. Para suavizar la caída, ahí está el Estatuto de los Expresidentes, ese curioso poema burocrático aprobado en 1992 que convierte cualquier derrota o retirada en un retiro cómodo, blindado y muy distinto al de cualquier ciudadano.

El jefe del Ejecutivo, llegado el día, no perderá ni el título ni el boato. Será “Presidente” hasta el final de sus días, aunque la memoria colectiva lo asocie más con la cesta de la compra disparada, las geometrías variables de sus mayorías o los pactos imposibles que sostuvieron su gobierno. Y en cada acto oficial ocupará el lugar que le corresponda, en primera fila, protegido por el protocolo, como si el legado de su mandato se midiera en precedencias y no en resultados.

El alivio económico tampoco es menor. Al dejar la Moncloa, el marido de Begoña Gómez tendrá derecho a una indemnización durante dos años equivalente al 80% de su salario como presidente del Gobierno. Si su retribución anual asciende a 107.037,54 euros, la compensación será de unos 85.630 euros brutos al año. Se trata de una paga temporal, pero generosa, incompatible con cualquier otro ingreso público o privado. La ley, en teoría, le permite renunciar a ella; en la práctica, ningún expresidente ha hecho de esa renuncia un gesto habitual. Y lo más relevante es que, aunque esta prestación económica tenga fecha de caducidad, el resto de beneficios asociados al cargo —coche oficial con chófer, seguridad, viajes gratuitos o personal de apoyo— permanecerán intactos.

Como guinda, podrá nombrar a dos colaboradores de confianza —uno de nivel 30 y otro de nivel 18— para que trabajen a su servicio, con sueldos públicos y el título de “personal eventual de gabinete”.

Mientras tanto, la España que deja detrás seguirá enzarzada en discusiones sobre pensiones insuficientes, impuestos asfixiantes y desigualdades crecientes. Pero él, ya fuera del fragor parlamentario, se acomodará en la cofradía de expresidentes que inauguró Adolfo Suárez y que completan Calvo-Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Una hermandad exclusiva donde se pierde el poder, el apoyo ciudadano e incluso la simpatía popular, pero jamás los privilegios de la Moncloa.