Marjaliza hacía negocios con un implicado en delitos contra la salud pública, estafa y falsedad
David Marjaliza, presunto cabecilla de la trama Púnica, compartió negocios sobre «coches» con un empresario detenido por delitos contra la salud pública, estafa y falsedad. Eduardo Arellano Céspedes, administrador de la sociedad Recoprom SL, investigada en esta trama corrupta, se ha visto envuelto en cerca de una decena de incidentes con la Policía y la Justicia en distintos puntos de la geografía española.
Uno de los antecedentes sin duda más graves lo protagonizó en Ceuta, donde la Policía abrió diligencias contra Arellano en el 2005 por un delito contra la salud pública. Cinco años más tarde, en junio de 2010, el Juzgado de Instrucción nº 6 de Alicante emitía un mandamiento para identificar su paradero y domicilio por otra causa. Por otro lado, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Zaragoza ordenaba su búsqueda, detención e ingreso en prisión por otro caso.
Todas estas causas policiales y judiciales contra Arellano se abrieron antes de que estallara la trama Púnica el 27 de octubre de 2014, fechas en las que según ha reconocido a este diario el propio Marjaliza, ambos «compartían negocios de obras y compra venta de coches llegados desde Alemania».
Los problemas del que fuera socio de Marjaliza han continuado hasta la actualidad. En julio de 2016, la Comisaría Provincial de Madrid de Policía Judicial le detenía por estafa. Por esto mismo presunto delito, la Comisaría Provincial de Alicante ordenaba su arresto en mayo de 2017. En paralelo, Arellano también ha sido investigado por la Guardia Civil en febrero de 2016 por un caso de estafa bancaria en la localidad madrileña de Colmenar Viejo y en mayo de este año en Alicante por falsificación documental.
En una conversación telefónica intervenida por la UCO el 6 de septiembre de 2014 incluida en el sumario y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el supuesto cabecilla de la trama Púnica muestra a su secretaria Ana Ramírez su temor por que la Guardia Civil le haya «pinchado» el teléfono y pueda deducir por las escuchas que se dedica al «tráfico de armas, trata de blancas, putas o de drogas».
Marjaliza asegura que esta conclusión la podrían alcanzar los investigadores al descubrir que se ha reunido con Arellano en varias ocasiones en sus oficinas situadas en la localidad madrileña de Pinto.
En declaraciones a este diario, Marajaliza reconocía que en alguna ocasión «le prestó 16.000 o 18.000 euros para algún negocio”. También admitía que él le buscaba compradores para sacar algún beneficio de sus negocios.
«Negocios poco claros»
Tal y como desvelaba este diario, un informe de la UCO del sumario de la trama Púnica recoge decenas de mensajes sms intercambiados entre Marjaliza y Arellano que desvelan negocios sospechosos en los que se movían grandes cantidades de dinero. La «verdadera naturaleza» de dichos negocios, apunta la Guardia Civil, no ha sido aclarada durante la instrucción de la causa.
En las comunicaciones intervenidas entre julio y septiembre de 2014, los agentes destacan el “contenido críptico” de las mismas. En uno de los sms, Arellano asegura: «Necesitamos 90.000€ para descargar la góndola con los coches». Días después, el negocio se tuerce por la detención del «jefe» de Arellano cuando va a volar desde Alicante a Madrid, y le fijan una fianza de 90.000 euros. A continuación, Marjaliza muestra afirma: “Si los coches de septiembre no vienen, yo me suicido o me matan directamente”.
Posteriormente, el presunto cabecilla de la trama Púnica asegura que puede conseguir «un inversor para dos coches de 6.000 euros», pero que le tiene que decir «la ganancia». Finalmente, Marajliza escribe a Arellano: «Ningún amigo mío quiere comprar más coches, véndelos todos echando leches y que cobren todos».
Los agentes de la UCO concluían que Marjaliza habría prestado “una cantidad de dinero que rondaría los 35.000€ para un negocio que identifican como ‘coches’ pero cuya naturaleza no resulta clara”. En el plazo de apenas una semana, destacan, «la operación le devolvería 55.000€”.
El empresario fue detenido en octubre de 2014 junto al ex dirigente popular, Francisco Granados y es considerado por los investigadores “la autoridad de ‘facto’ en materia de facturación y contratación pública” de la trama Púnica. En diciembre de 2015, abandonó la prisión madrileña de Aranjuez tras 14 meses encarcelado y satisfacer la fianza de 100.000 euros impuesta por el entonces instructor del caso, Eloy Velasco, mostrando su disposición a colaborar con la Justicia.
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