La Fiscalía pide que se intervengan los correos de Oltra tras denunciarse los abusos de su marido

La Fiscalía apoya que se puedan intervenir los correos electrónicos de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat valenciana cuando Mónica Oltra era su titular. En concreto el fiscal que investiga la causa pide en un escrito al juzgado de Instrucción número 15 que la intervención de estos correos atienda a criterios temporales, materiales y personales y por ello limita la petición de estos mails a los cruzados por los imputados entre febrero y finales de noviembre de 2017 cuando se conoció la denuncia de abusos de la menor tutelada por la Consejería por los que acabó siendo condenado a cinco años de cárcel el entonces marido de Oltra.

La ex vicepresidenta y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, que tuvo que dimitir tras ser imputada judicialmente por un juzgado valenciano de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos durante la gestión del caso de abusos cometidos por su ex marido sobre una menor. Las acusaciones habían pedido que se interviniesen los mails de la Consejería, a lo que se han opuesto todos los imputados, incluyendo la propia Mónica Oltra. Sin embargo, la Fiscalía apoya que se intervengan esos correos, pero de manera limitada atendiendo a tres criterios.

En su escrito ante el Juzgado el fiscal Jaime Cussac apoya que la intervención judicial de esos correos se produzca porque «no puede negarse que ofrece un claro potencial desde la óptica elemental de la investigación, de esclarecimiento de lo ocurrido con el máximo de sus circunstancias incluidas, claro, las personales», en contra de la petición de la defensa de Oltra, que argumentaba precisamente que esta medida pretendía «adentrarse en la vida personal, profesional y política de los investigados, con la única finalidad (de conocimiento notorio) de servir a un interés distinto al esclarecimiento de los hechos».

Sin embargo, la Fiscalía pide que esa intervención se limite atendiendo a un criterio temporal, «desde finales de febrero hasta mediados de marzo y desde finales de junio a mediados de agosto -o finales de noviembre en algún caso- de 2017». El centro tutelado tuvo conocimiento de los hechos a finales de febrero y se lo trasladó por mail a una técnico de la consejería en ese mismo momento. El fiscal también pide que se use un criterio material, es decir, aquellos correos que «hagan explícita referencia a los hechos denunciados por María Teresa (…) o las actuaciones derivadas de dicha denuncia» y un criterio personal que atendería las «comunicaciones por vía dicha entre las personas que en cada de uno de ellos aparezcan como actuantes en relación con dicha denuncias y actuaciones».

El fiscal argumenta en su escrito que «sólo dentro de estos parámetros es posible obtener lícitamente -es decir sin lesionar o poner en peligro injustificadamente la intimidad o el secreto de las comunicaciones de nadie- la información útil para la investigación que pudiera derivarse de las repetidas comunicaciones y sin que ello suponga una tal avalancha de información (…)». Cussac da respuesta así al recurso de la defensa de Oltra que se opone a esta intervención de mails por entender que «la finalidad (un interés distinto) es la que le lleva a solicitar de forma masiva cualquier comunicación a través de los correos corporativos de todos los investigados y durante un período de cinco años «a ver si sale algo», pisoteando el derecho fundamental a la intimidad no sólo de las personas que están siendo investigadas, sino de terceras personas con especial protección», tal y como ya adelantó OKDIARIO.