La abogada del Estado que blanqueó a los golpistas fue letrada de su marido saltándose la Ley de Incompatibilidades

La abogada del Estado Rosa María Seoane, que la semana pasada defendió en el juicio del 1-O que «la violencia no fue parte del plan» de los golpistas, asumió la defensa de su marido en un juicio contra el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte sin solicitar la correspondiente compatibilidad, tal y como ha reconocido a OKDIARIO. Al ser una funcionaria pública, está sometida a la Ley de Incompatibilidades y, por lo tanto, debería haberlo hecho.

Seoane, en una conversación con este periódico, reconoce que hace varios años asumió la defensa de su cónyuge ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Su marido J. L. P. M. atropelló en 2007 a un perro mientras iba conduciendo un quat. Al caerse al suelo, ambos decidieron denunciar al Consistorio del municipio madrileño, en ese momento liderado por el condenado Arturo González Panero, implicado en el ‘caso Gürtel’.

Tal y como ha explicado la abogada del Estado que blanqueó a los golpistas a este periódico, pidió al Colegio de Abogados de Madrid un decreto de habilitación para poder asumir la defensa de su marido. Pero se saltó el paso previo: solicitar la compatibilidad a la subsecretaría del departamento en el que trabaja, tal y como prevé el artículo 6 del desarrollo de la Ley de Incompatibilidades, a la que Seoane está sometida.

Cuando OKDIARIO se puso en contacto con Seoane para contrastar los hechos, la abogada del Estado reconoció que no había solicitado la compatibilidad porque «no lo consideró necesario». Seoane se amparó en el artículo 19 de la Ley de Incompatibilidades, pero no tuvo en cuenta que el mismo artículo acaba diciendo «sin perjuicio del artículo 12» de la citada Ley. En ese párrafo se remarca la prohibición de «ejercer una actividad profesional» sin pedir el correspondiente permiso.

Una infracción administrativa

Según la Ley de Incompatibilidades, Seoane cometió una falta “muy grave”. Es decir, que si alguien la hubiera denunciado en su día por este hecho, se la habría puesto una sanción. Entre las posibles sanciones se encuentra el traslado forzoso, el demérito (es decir, no promocionar) o la suspensión de sus funciones durante un período de tiempo de 6 años como máximo.

Cuando este periódico le pidió alguna prueba documental que sujetara su versión, Seoane se negó asegurando que había traspapelados la documentación en una mudanza. Sin embargo, en la misma conversación telefónica reconoce que se había deshecho de los papeles «tirándolos a la basura» al no considerarlos importantes.

Rosa María Seoane, en calidad de abogada del Estado, negó que los golpistas enjuiciados en el Tribunal Supremo cometieran un delito de rebelión, defendiendo que sólo lo hicieron de sedición. También aseguró que “la violencia estructural no está demostrada”.

Seoane sustituyó a Edmundo Val, que fue relevado por parte de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras acusar de rebelión a los líderes independentistas. Justo antes de aceptar el puesto de coordinar la acusación del ‘procés’, Seoane era secretaria general del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).