Trump anima a su «ejército» de seguidores a vigilar a los votantes y denunciar irregularidades en los colegios electorales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva días alentando a sus más fervientes simpatizantes a pasar un día entero en los colegios electorales observando a los votantes en las elecciones del 3 de noviembre, listos para llamar a abogados en cuanto perciban alguna de las irregularidades que el mandatario lleva denunciando desde hace meses, y que hasta este momento no ha refrendado ningún tribunal.

El llamado «ejército de Trump» no es una iniciativa ilegal ni mucho menos, pero la campaña demócrata ha avisado de que estos observadores no pueden interferir el proceso de votación ni pueden forzar unilateralmente la paralización de una mesa, y recientes informes han avisado de que los rumores de fraude diseminados por Trump han generado un estado de paranoia que podría desembocar en enfrentamientos armados en las mesas de votación.

Aunque el candidato demócrata, Joe Biden, también ha alentado a la observación silenciosa, se da la circunstancia de que la figura del observador es bastante insólita dentro del Partido Republicano que Trump representa.

De hecho, al partido se le prohibió durante los años 80 que desplegara observadores en los colegios electorales después de que un tribunal dictaminara que los voluntarios republicanos estaban efectuando «campañas de acoso sistemático» contra los votantes. Otro fallo judicial, esta vez de 2018, suspendió esta sentencia.

Así las cosas, ahora «el objetivo principal es que el jefe salga elegido», explica a ABC News el activista republicano de Las Vegas Jesse Law, organizador de la misión de observación republicana en la ciudad norteamericana. «Vamos a observar, pero si vemos algo realmente malo, enviaremos a esas personas desagradables, terribles y horribles llamadas abogados», ha avisado.

Uno de los abogados de la campaña de Trump, Justin Clark, ha celebrado el levantamiento de una sentencia que ha obligado al partido a «luchar con una mano atada a la espalda durante 40 años». «En 2020, tenemos una nueva oportunidad de poder activar un programa de operaciones el día de las elecciones realmente sólido», ha avisado.

Ante la posibilidad de incidentes violentos generados o exacerbados por simpatizantes de Trump, el Departamento de Justicia planea ubicar a funcionarios en un centro de mando en la sede del FBI para coordinar la respuesta federal a cualquier disturbio u otros problemas con la votación que puedan surgir en todo el país, según informaron a principios de mes responsables próximos a la operación al ‘Washington Post’.

«El Departamento de Justicia siempre se ha tomado en serio la seguridad e integridad de las elecciones, y este año no es una excepción», ha declarado Kerri Kupec, portavoz del Departamento de Justicia.

Armas y urnas

De hecho, un reciente informe del Giffords Law Center advertía de la probabilidad de que «un número significativo de personas llevara armas a los lugares de votación con el pretexto de prevenir el fraude electoral» que denuncia el presidente.

«En 2020, con la violencia con armas de fuego a niveles epidémicos en Estados Unidos, la presencia de individuos armados airados por las afirmaciones falsas sobre el fraude electoral supone un riesgo real para la salud y la seguridad», según el informe.

«La presencia de armas», prosigue, «aumenta las probabilidades de que los enfrentamientos acalorados se vuelvan mortales y, dado que 46 estados permiten a los ciudadanos privados dudar abiertamente de la capacidad de un votante, «poner armas al lado de las urnas es como tener una caja de cerillas al lado de una llama».

Hay que recordar que solo 11 estados prohíben explícitamente las armas en los lugares de votación. Y en cinco estados cruciales de la próxima gran contienda electoral — Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Virginia y Carolina del Norte — es legal portar armas en las urnas.

Tanto la campaña de Trump como el Comité Nacional Republicano han rechazado que el despliegue de observadores tenga como objetivo la intimidación del votante y que, en su lugar, se dedicarán a proteger los derechos de los depositantes de la papeleta.