El español Pablo González, colaborador del diario de Roures, entregado a Rusia en un canje de presos

El español Pablo González es uno de los más de veinte presos intercambiados entre Estados Unidos y Rusia este jueves en el mayor canje de prisioneros llevado a cabo desde la Guerra Fría. González, encarcelado en Polonia desde el 28 de febrero de 2022, ha pasado más de dos años en prisión tras ser detenido en la localidad polaca de Przemysl, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. El español ha sido sospechoso de cooperar con el régimen del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Al llegar a Rusia, los presos han sido recibidos personalmente por el propio Vladímir Putin, al que en las imágenes se le puede ver estrechando la mano del propio González. El mandatario ruso se ha deshecho en elogios a los prisioneros recibidos: «Quiero agradecerles por ser fieles a su juramento, al deber y a la patria, que no les ha olvidado. Todos serán nominados para premios estatales. Nos volveremos a ver».

Pablo González, que hacía de periodista autónomo y colaborador habitual del diario Público, del trostkista Jaume Roures, fue detenido por las autoridades polacas pocos días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, cuando cubría la crisis de refugiadas originada por el conflicto. González, ruso de nacimiento, lleva más de dos años bajo sospecha de aprovechar su condición de periodista para realizar operaciones en beneficio del Kremlin espiando a opositores al régimen de Putin. Polonia nunca ha presentado cargos formales en su contra.

El abogado de Pablo González, Gonzalo Boye, ha informado también de la liberación del español. «Nos complace informar que el periodista Pablo González, quien ha estado encarcelado en Polonia por más de 2 años y 5 meses, acusado de espionaje, ha sido liberado y trasladado, por ahora, a su país de nacimiento. Esta liberación se ha producido en el marco de un intercambio entre Rusia y Polonia de periodistas presos en ambos países, un hecho que marca un hito significativo en favor de la libertad de todos los periodistas que se encuentran en estos momentos presos en diversos países», destaca su abogado a través de un comunicado.

González, que ha permanecido en prisión preventiva desde su detención, ha sido trasladado a Rusia como parte de un intercambio de presos negociado entre Occidente y Rusia. El Kremlin ha puesto en libertad a cerca de 20 presos políticos, entre los que se encontraba Evan Gershkovich, un corresponsal del periódico estadounidense The Wall Street Journal, quien fue sentenciado a 16 años de prisión por las autoridades rusas el pasado 26 de junio acusado de espionaje.

A cambio de la puesta en libertad de los presos políticos encarcelados en Rusia, Estados Unidos y Occidente han devuelto a Rusia a casi una decena de prisioneros acusados de espionaje y también a Vadim Krasikov, un operativo del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, organismo bajo la autoridad directa de Putin.

Pablo Gómez, con residencia en la ciudad vasca de Guernica, y su familia han negado repetidamente su vinculación con el régimen ruso, sin embargo, la puesta en libertad del periodista ha sido negociada por el Kremlin. Además, el español ha sido enviado a territorio ruso durante el intercambio de prisioneros.

La familia del periodista ha reclamado durante más de dos años la intervención del Gobierno para liberar a González. Han acusado  a Pedro Sánchez y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares de no haber hecho nada para ayudar al periodista. Pedro Sánchez dijo que el asunto quedaba a expensas de los tribunales de Polonia, durante una visita al país en 2022.

En su día, pidió apoyo público para el espía ruso hoy felicitado por Putin la líder de Podemos Irene Montero. La eurodiputada del partido morado publicó un vídeo el pasado abril pidiendo la liberación del periodista acusado de espionaje. Montero aseguró que las autoridades polacas no tenían pruebas en contra de González y que el acusado de espionaje pasaba 23 horas al día encerrado en una celda y «sin luz solar». La líder de la formación morada reclamaba la intervención del Gobierno para poner fin a «un secuestro» que consideraba «completamente injustificado».