Pánico en el peronismo: la Justicia ordena abrir el móvil del ‘recaudador’ cazado con 48 tarjetas de crédito

• Luis Balcarce @lbalcarce
• BUENOS AIRES
• Enviado especial
• Vicedirector de OKDIARIO.
• • 20/10/2023 15:09
  • Actualizado: 20/10/2023 15:32

A sólo tres días de las elecciones presidenciales en Argentina, el contenido de la tarjeta de un móvil podría hundir la campaña del kirchnerista Sergio Massa. Se trata del teléfono del puntero peronista Julio Chocolate Rigau, al que pillaron el 8 de septiembre sacando dinero de un cajero con 48 tarjetas de débito de empleados falsos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El dinero iba destinado a la caja del partido para comprar votos en las zonas más pobres de la ciudad bonaerense de La Plata y, según un testigo, a engordar los bolsillos de los jerarcas kirchneristas.

La fiscal Betina Lacki lleva días exigiendo un «un análisis técnico completo y detallado» del contenido del móvil marca Samsung, modelo SM-G532M, de color gris, «informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés». El peritaje se hará este viernes aunque el contenido del teléfono, salvo filtraciones, no se conocerá hasta después de las elecciones.

Rigau es un recaudador peronista, electricista de profesión, con padrinos políticos muy poderosos como Facundo Albini, candidato de Unión por la Patria, el partido de Massa. El futuro político del actual ministro de Economía depende de que el contenido del móvil de Chocolate no salga a la luz y desvele cómo los kirchneristas controlan en la provincia de Buenos Aires hasta el último resorte de poder -desde policías hasta jueces- en las zonas más pobres donde tienen sus caladeros de votos. En el último gran bastión peronista no se mueve una hoja sin que lo sepan los gerifaltes peronistas.

«Todos roban, incluido Kicillof»

El que sí cantó fue Emiliano Funes Ayerdi, un joven militante de 21 años que trabajaba en la sede del Frente Renovador en La Plata. «Lo que vengo a contar es lo que pasa adentro y lo que la gente no sabe, que en realidad es el derecho que todos tenemos a saber qué pasa con los fondos que se desvían. Soy peronista y tocar las arcas del estado no es peronismo», contó en el programa Telenoche.

«Lo he visto dándole fajos grandes de plata a Albini, pero no sabía de dónde salía tanto dinero. Todo en efectivo, como lo mueven ellos. Yo puedo decir con seguridad que lo de Chocolate no es un caso único. No son 48, 48 son unas pocas (tarjetas de débito).  La plata de ‘Chocolate’ era del Tachu Malpeli, quien preside la Cámara de Diputados, para Claudio Albini y su hijo, Facundo Albini. Yo trabajaba para ellos, me fui y tiempo después pasó lo de Chocolate. Son chorros (ladrones), se llevaban 27 palos (millones de pesos) por mes (unos 60.000 euros)».

Este testigo señala a Axel Kicillof, el candidato kirchnerista a gobernador por la provincia de Buenos Aires. «Yo trabajé con Albini, conozco a Chocolate y al equipo de Kicillof. Todos roban, incluido Kicillof. El curro de Axel es la obra pública, el de [Julio] Alak (Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires); el servicio penitenciario y el de Albini la legislatura con el Eslaiman», concluyó.

Un caso idéntico al de Rigau en Entre Ríos

El pánico de Massa es que haya más Chocolates Rigau en otras provincias argentinas. En Entre Ríos una fiscal descubrió un caso idéntico hace cinco años atrás y fue destituida. El caso se conoció como la causa Contratos. Trascendió en parte a nivel nacional cuando la fiscal que lo investigaba, Cecilia Goyeneche, fue denunciada y destituida de su cargo tras descubrir junto a su equipo un impresionante entramado de corrupción.

Como ocurrió con Chocolate Rigau, a los tres implicados les encontraron tarjetas de débito a nombre de personas contratadas por la Cámara de Diputados y el Senado entrerriano y dinero en efectivo. Además, hallaron documentación clave como cuadernos y carpetas con detalles de las personas contratadas, el monto de los pagos y la comisión que les giraban, que era ínfima. A las personas utilizadas para la maniobra también les pagaban los costes fiscales y les brindaban seguridad social a cambio de poner su nombre y su firma.

De las declaraciones de los testigos se supo que los supuestos empleados públicos habían firmado con la Cámara de Diputados o el Senado «creyendo que se trataba de subsidios». «En algunos casos firmaban sin leer porque no les permitían hacerlo, (…) desconocían el monto del contrato y les hacían suscribir el endoso sin permitirles observar su monto», afirmaron los fiscales, según investigó el diario Perfil.