Obama veta la ley que permitía a los familiares de víctimas del 11S denunciar a Arabia Saudí

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado este viernes que veta la ley que permitiría a los familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 denunciar a las autoridades saudíes, por considerar que la norma perjudica la Seguridad Nacional del país y las relaciones con otros países y que, entre otras cuestiones, puede llegar a conducir a demandas contra las autoridades norteamericanas por acciones de grupos armados apoyados, armados o entrenados por Washington.

«Esta legislación permitiría litigios contra países que ni han sido designados por el Gobierno como patrocinadores del terrorismo ni han adoptado acciones directas en Estados Unidos para que se realice aquí un ataque», ha asegurado el mandatario estadounidense.

Por su parte, el senador por Nueva York Chuck Schumer, impulsor del texto legal, ha advertido de que el Gobierno no logrará que se mantenga el veto en el nuevo trámite parlamentario que ahora comienza, según informa Reuters. Si dos tercios de los parlamentarios del Senado y la Cámara de Representantes votan por retirar el veto, la norma será ratificada, superando así por primera vez el rechazo de Obama.

La ley, según ha subrayado el mandatario en su argumentación del veto, iría «en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos», por lo que ha decidido vetarla. El presidente estadounidense ha asegurado que la norma podría «reducir la efectividad» del Gobierno a la hora de actuar cuando tenga indicios de que un ejecutivo extranjero apoya el terrorismo «al sacar estos temas de las manos de los profesionales de la Política Exterior y la Seguridad Nacional para ponerlos en manos de litigantes privados y tribunales».

Tras subrayar que corresponde al Gobierno de Estados Unidos decidir qué países son patrocinadores del terrorismo tras un análisis detallado por parte de los funcionarios de Inteligencia, Política Exterior y Seguridad Nacional, Obama ha criticado la norma aprobada por el Congreso por entender que permitiría retirar a «todos los países» la inmunidad judicial «basándose solo en acusaciones de denunciantes privados que denuncien que un gobierno extranjero tuvo algún papel o conexión con un atentado terrorista en Estados Unidos».

«Esto llevaría a decisiones en consecuencia que estarían basadas en informaciones incompletas y al riesgo de tener diferentes tribunales llegando a conclusiones distintas sobre la culpabilidad de gobiernos extranjeros y su papel en actividades terroristas contra Estados Unidos, lo que no sería un modo efectivo ni coordinado de responder a señales de que un gobierno extranjero podría estar detrás de un atentado terrorista», ha indicado el presidente de Estados Unidos.

Obama, además, ha advertido del riesgo de que se aplique una «reciprocidad» con la norma en el ámbito de las relaciones internacionales, toda vez que «muchos otros países tiene leyes que permiten ajustar la inmunidad de un país extranjero basándose en el trato que recibe en los tribunales del otro país». «La promulgación de la ley», ha asegurado, podría «animar a gobiernos extranjeros a actuar en reciprocidad y permitir que sus tribunales nacionales ejerzan la jurisdicción sobre Estados Unidos y las autoridades estadounidenses, incluidos nuestros militares, por haber causado daños en el extranjero mediante el apoyo de Estados Unidos a terceras partes», ha explicado.

En esta misma línea, ha afirmado que la norma podría conducir a demandas contra Estados Unidos o altos cargos estadounidenses por las acciones de miembros de grupos armados que han tenido ayuda de Estados Unidos, por un mal uso de los equipos militares por parte de fuerzas extranjeras o abusos cometidos por unidades policiales entrenadas por Estados Unidos, incluso si las acusaciones en última instancia no tienen éxito.