Vox propone una ley para que los directores generales sean funcionarios y evitar así los «enchufismos»

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El presidente del VOX, Santiago Abascal y la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona. Foto EP

Vox denuncia que el Gobierno socialcomunista del PSOE y Podemos ha enchufado a 25 personas en altos cargos y propone acabar con ello. Para esto, el partido de Santiago Abascal ha registrado una proposición de ley en el Congreso que elimine de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público el artículo que permite nombrar a personas ajenas a la Administración como directores generales.

Con esta proposición, Vox pretende que se termine esta práctica normalizada en los distintos gobiernos de España de nombrar «a dedo» a los directores generales no profesionales.

Los diputados José María Figaredo y Eduardo Ruiz, firmantes de esta propuesta, aseguran que lo que era una excepción se ha convertido en una «opción» y que «el culmen ha llegado con este Gobierno autodenominado progresista y del cambio, que ha nombrado a 25 directores generales sin reunir la condición de funcionario».

Vox aboga por suprimir la «circunstancia excepcional» en el nombramiento de directores generales no funcionarios que establece la citada Ley del Sector Público para garantizar de esta manera «la absoluta tecnificación y profesionalización» de este personal.

El objetivo, relatan desde Vox, es «reforzar la responsabilidad y la independencia profesional y de criterio de los cuerpos superiores de la Administración y, por tanto, de toda la actividad administrativa». «Aunque estos cargos puedan y deban ser libremente proveídos entre personas de confianza política, esa libertad debe circunscribirse exclusivamente a funcionarios de carrera del Estado», explican.

No obstante, Vox sostiene que esta modificación debe enmarcarse en un contexto de «necesaria modernización» y de reforma de la función pública, por lo que apuesta por aprobar un Estatuto del Directivo Público que permita separar «de manera clara y contundente» el proceso de selección y actuación de los órganos superiores de la Administración General del Estado. Todo, apostilla, para garantizar una vez más la «independencia, profesionalidad, estabilidad y calidad en el desempeño» del trabajo.

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