Urkullu podrá ocultar qué proetarras son declarados víctimas de la Policía con ayudas de hasta 390.000 €

No será necesario acreditar ante un juez el haber sido víctima de abusos policiales. Tampoco revelar la identidad al conjunto de los vascos que, con su dinero, pagarán las reparaciones económicas que el Gobierno de Íñigo Urkullu prepara para las supuestas víctimas de las “vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política entre 1978 y 1999”: 135.000 euros por fallecimiento y hasta 390.000 en el caso de invalidez.

La ley, aprobada por el PNV y el PSE, sobre la que pendía un recurso del Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional que Pedro Sánchez retiró tras ser investido presidente con el apoyo de los nacionalistas vascos, da por hecho “la existencia de víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no han sido reconocidas, ni reparadas” y legaliza que se pueda acreditar la condición de víctima de la represión policial “sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo”.

Una autodenominada ‘comisión de valoración’, designada por el poder político, decidirá quiénes son los beneficiarios de las ayudas públicas con las que el Gobierno vasco pretender resarcir a las supuestas víctimas de la supuesta violencia policial durante los años más duros del combate de la sociedad española contra ETA, añadiendo así un capítulo más al interesado relato de que la violencia en el País Vasco fue el resultado de un enfrentamiento entre dos bandos, con víctimas en ambos lados.

La ley reserva a la supuesta víctima de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -y en caso de fallecimiento a su cónyuge, pareja o descendientes- el derecho a que “tal reconocimiento no se publicite ni notifique a terceros”, cuando así lo solicite expresamente. De tal forma que, amparado en el derecho a la intimidad, se puede dar el caso de que haya reconocimiento de ‘víctimas’ de la represión del Estado, con ayudas económicas de hasta 390.000 euros, cuyos beneficiarios el conjunto de la sociedad vasca y española desconozca.

Vía de escape

Tal posibilidad es una vía de escape frente a la exigencia de transparencia que debería regir en un proceso que, al margen siempre de la tutela judicial, se presenta susceptible y polémico. Además, supone una excepción al primero de los principios de actuación de la ley: “Promover un reconocimiento institucional y social de las víctimas (…) favoreciendo su visibilización, la rehabilitación de su honor y su satisfacción moral” (artículo 4).

A falta de un proceso judicial independiente, la ‘comisión de valoración’ estará compuesta por el director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, tres personas designadas por la consejería competente en la materia de derechos humanos, tres personas “expertas en la materia” designadas por la Comisión del Parlamento Vasco encargada de los derechos humanos, dos peritos forenses y un psicólogo.

La ley, concluido el plazo de información pública en el que se encontraba hasta mediados de septiembre, podrá ser aplicada de inmediato ya que, al haber retirado el Gobierno de Sánchez el recurso que Rajoy presentó ante el Tribunal Constitucional, desapareció la suspensión automática que recae sobre todas las normas que el Ejecutivo nacional recurre ante el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes.

Superado este obstáculo, el Gobierno de Urkullu se dispone a habilitar en los Presupuestos de 2020 los créditos necesarios para financiar estas compensaciones económicas: 35.000 euros por incapacidad permanente parcial; 45.000 por incapacidad permanente total; 95.000 por incapacidad permanente absoluta; 390.000 por gran invalidez; y 135.000 por fallecimiento.