La UCO acorrala a UGT: varias sociedades desviaban a Madrid el 20% de los fondos de formación regionales

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 14/03/2019 06:50
  • Actualizado: 15/03/2021 22:44

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama extremeña de los cursos de formación va un paso más allá. Según los investigadores, seis sociedades, incluido el IFES –implicado en el escándalo de Andalucía– habrían desviado a Madrid el 20% de los fondos asignados a los cursos de formación en la Comunidad de Extremadura.

La UCO ha detectado otras cinco entidades o sociedades, además de IFES,  que estaban en la mecánica de vaciado de las subvenciones y fondos que recibían para conectarlos con la estructura sindical nacional. Todo ello en un escándalo en el que ya se sabe que IFES gestionaba prácticamente el 70% de los fondos de formación adjudicados y en el que la primera estimación del volumen de la bolsa de fraude -30 millones de euros- empieza a quedarse claramente desfasada de la realidad.

El procedimiento dio inicio a manos de la Fiscalía Anticorrupción y a instancia de la denuncia interpuesta por el entonces Gobierno regional de José Antonio Monago. Los primeros pasos de la investigación dejaron claro que existía una trama de sociedades que facilitaba la financiación irregular del sindicato nacional. La entidad puente investigada era el IFES. Las primeras estimaciones de fraude apuntaban de este modo a 30 millones de euros. Y es que el periodo analizado abarcaba desde 2008 hasta 2011.

Los primeros testigos chequeados, sin embargo, no han tardado en afirmar que la práctica defraudatoria es “la misma” que siempre habían desarrollado. Algo que ha hecho que, en estos momentos, la Guardia Civil chequee un escenario mucho más amplio de años: un escenario que puede llegar a superar las dos décadas. Y esa ampliación implica que el nuevo volumen de fraude pueda superar los 100 millones de euros.

El fraude del IFES

El IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) es una fundación estatal de carácter benéfico creada por UGT en 1986 y que sirve como instrumento para el desarrollo de actividades en el campo de la formación profesional, ocupacional y continua.

En el escrito de la Fiscalía se pone de manifiesto que de las 69 acciones formativas en Extremadura durante 2011 por un total de 1.266.000 el 69% lo realiza IFES como proveedora de servicios. Es decir, que su acceso a los fondos era más que notable. La conexión entre UGT de Extremadura y UGT estatal a través de IFES, como sociedad instrumental para la financiación del sindicato quedaba probada.

Pero los trabajos de investigación han ido más lejos. Y es que en el caso de Extremadura, UGT en esta Comunidad se nutria de fondos públicos tanto directamente como a través de una serie de empresas creadas al efecto para generar una red proveedora de bienes y servicios. Y todas estas empresas -cinco adicionales a IFES- estaban casualmente participadas directamente o indirectamente por el propio sindicato nacional.

Estas empresas, según detalla el escrito de Fiscalía, son:
– LOCALMUR (20% participada por UGTy 80% la empresa Formación 2020)
– FORMACIÓN 2020 (propiedad 100% de UGT)
– AFORTEX (cuyo administrador único es UGT)
– FORO DE FORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE EXTREMADURA S.L. 

De este modo, estas empresas servían de entes instrumentales para desviar fondos públicos hacia la financiación y enriquecimiento del sindicato con la apariencia de prestación de bienes y servicios que eran falsos. Porque, como acredita en su informe la UCO, actuaban en diversos campos y en todos ellos inflaban los gastos para quedarse con dinero.

Los gastos docentes, alquileres de locales, material didáctico o gastos asociados. Todas estas partidas servían para ser infladas y obtener financiación para la central sindical.

La dimensión del fraude es incalculable, tal y como señalan fuentes judiciales. Hasta ahora la investigación judicial ha acreditado rotundamente que durante 2011, en Extremadura, el montante de lo desviado por UGT asciende como mínimo a 400.133 euros y solo hace referencia a la formación para ocupados, que es aproximadamente el 10% del total que la Junta de Extremadura destina a formación. Y el escenario temporal de análisis se amplía por momentos más allá de las dos décadas.

La forma de operar era simple. Así, por ejemplo, los gastos de personal destinados a la formación se incrementaban “artificiosamente” un 42%. Y lo mismo pasaba con el alquiler de locales, con el material didáctico o con otros gastos, donde “se imputan gastos de alquiler de aulas por costes que no originan ningún gasto a la entidad” o donde se ha manifestado documentalmente un montante de 237.216 euros con una única aparente justificación de material didáctico a través de una memoria explicativa.