Turull y Romeva apelan en plural mayestático del ‘derecho a decidir’ para defenderse en el Supremo

Por primera vez, durante el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, trata esta mañana de acreditarse el delito de malversación. El interrogatorio del fiscal Moreno al ex consejero de la Generalitat, Jordi Turull -considerado uno de los principales responsables de la logística vinculada a la promoción y celebración del referéndum ilegal del 1-O- ha servido el entrante en bandeja de plata.

«No se gastó un euro público» asegura el ex consejero para quien, por sorprendente que parezca, los controles financieros del Gobierno central sobre el gasto público de la Generalitat en los días previos al referéndum, se convierten en coartada.»No podíamos hacer casi nada. La Generalitat estaba bloqueada», reitera.  Turull ha negado, punto por punto, cada uno de los datos económicos con los que la Fiscalía, en base a documentos oficiales y facturas, ha buscado incriminarle en la contratación de campañas publicitarias y servicios telemáticos para alimentar el banquete de la consulta inconstitucional.

Ha sido, sin duda y hasta el momento, el más contundente y combativo, en fondo y formas, con las tesis de Fiscalía, pero no ha dejado grandes titulares. A salvo, eso sí, de un quejoso lamento, cargado de intencionalidad política: “Yo llevo un año en la cárcel por un acto que no merece reproche penal. Después nos dirán que no nos persiguen por nuestras ideas. Ya lo veo”.

Su declaración, ante un fiscal Moreno extenso y prolijo, se convierte para el resto de preguntas en un ejercicio de memoria histórica del ‘procés’. Se retrotrae Turull a las incipientes reuniones que trataron, sin éxito, de investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat -allá por las elecciones autonómicas catalanas de septiembre de 2015- y culmina su intervención ante el tribunal con la Declaración Unilateral de Independencia, de 27 de octubre de 2017, dos años después.

Cero confrontación y apuesta por el diálogo «hasta la mismísima aplicación del 155». Así narra los hechos el ex consejero Turull

Todo ha quedado reducido a un híbrido extraño. Maridaje de documentos exhibidos en ocasiones para apoyar sus respuestas, al estilo técnico de la defensa de Forn, y los siempre recurrentes y socorridos alegatos de la legitimidad “autodeterminista” basada en el “diálogo”, de la línea defensiva emocional, que ya planteó Junqueras en la primera sesión. Jordi discurre a medio camino entre Joaquim y Oriol.

Niega al fiscal que el Govern haya llevado a cabo una estrategia de «confrontación» con el Estado, hito en el que se recrea a preguntas de su abogado defensor. Ni «cuando se aprobó el 155” apura el acusado, apelando al civismo y el pacifismo del pueblo catalán, mientras cita a Machado. “Antes de dialogar hay que escuchar” y el problema, insiste, como hiciera antes ante el tribunal Junqueras, es que “a nosotros no nos han escuchado”.

«Los catalanes no son ovejas» espeta Turull a la Fiscalía afeando sus tesis sobre un plan del Govern para llevarlos a votar

Ese plural mayestático justifica, para Turull, todos los hechos que rodearon el peregrinaje del separatismo catalán en su propósito. Asegura que existía una «determinación ciudadana» hacia la independencia, mucho antes de la declaración de la misma; y que el Govern, casi secuestrado por esa voluntad popular, tuvo que darle una «salida política” porque el movimiento separatista “se construye de abajo hacia arriba”. Y apostilla Turull que -a diferencia de lo que pretende insinuar el Ministerio Fiscal- “los catalanes no son ovejas”, oigan.

Envueltos en semejante encargo, arrastrados por la voz popular en grito, reconoce Turull que todos los miembros del Gobierno catalán firman, entonces, el decreto de convocatoria del referéndum. «Había ganas de firmar porque era nuestro compromiso con los ciudadanos», puntualiza.  «No lo hacíamos conscientes de ninguna ilegalidad, sino todo lo contrario, ponderando el medio camino entre derecho y Justicia», finaliza.

El “chollo” de ser constitucionalista

Turull saca a colación un listado de 25 sentencias del Tribunal Constitucional que no han sido cumplidas por el Estado español. “Esto de ponerse el traje de constitucionalista penalmente es un chollo» ironiza el ex consejero «porque te permite incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional cuando quieras», abunda en su propio descargo.

Trata de justificar el porqué desatendieron las advertencias reiteradas del Constitucional sobre la ilegalidad del referéndum que se proponían celebrar. Admite que se le notificó, al menos en una ocasión, una resolución para que paralizase los trámites, pero el dilema ya estaba servido. El Gobierno catalán atendió, entonces, a la disyuntiva -simplificando, señores, al «equilibro» (imposible)- de elegir entre el cumplimiento de las decisiones judiciales y la materialización del «mandato democrático» recibido de los ciudadanos. Una idea que vertebra longitudinalmente el argumentario del ex consejero durante toda su exposición.

Entre dos aguas: la obediencia a las resoluciones judiciales y el cumplimiento del «mandato democrático» de los ciudadanos

«El Govern», asegura Turull, cumplió «todas las diligencias que ordenó la magistrada Armas» -en alusión al auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impedía el referéndum-. Pero reconoce que practicaron una suerte de ingeniería político-jurídica para situarse entre dos aguas en el cumplimiento de la ley y el ejercicio efectivo de un compromiso adquirido con los ciudadanos «sobre algo que no merece reproche penal”. Así son las cosas, vamos. O al menos así nos la has contado. 

Ni rastro de rebelión en Romeva

Raül Romeva convertía, en cambio, su declaración ante el Tribunal Supremo en una suerte de disertación jurídico-filosófica sobre derecho comparado, autodeterminación política y valores democráticos.

Ni una mísera referencia, ni el más mínimo atisbo de defensa, del ex consejero de Exteriores de la Generalitat de Cataluña, sobre el delito de rebelión del que se le acusa hasta la llegada de la tesis de la «no violencia pragmática» -que esbozaba en la Sala ante una escueta pregunta de su abogado defensor, André Van den Eynde-.

«Los que persiguen sus objetivos por la vía violenta logran tener éxito en el 26% de los casos. Los que los persiguen por vías no violentas lo consiguen en el 53%», argumenta Romeva. «No solo por principios, sino también por pragmatismo, defiendo la vía no violenta», zanjaba en base a dicha evidencia numérica.

«Las únicas armas que ha habido son las de la Guardia Civil» se mostraba tajante Romeva para, acto seguido, acusar a la policía, directamente y sin paños calientes, de causar «más de 1.000 víctimas civiles graves». «La policía no actuó como una policía democrática de un país democrático», apostillaba en su alegato.

Romeva se gusta. Hasta el punto de cuestionar, abiertamente, la procedencia del delito de sedición: «Manifestarse no es alzarse, del mismo modo que protestar no es un tumulto y opinar no es un delito». Y añade: «Protestar no es que esté prohibido, es que las democracias deben garantizar el derecho a la protesta, incluso cuando va contra uno mismo».

Se envuelve, también Romeva, de forma monótona y previsible en el «ejercicio cívico, pacífico y democrático del derecho a la manifestación» para proteger su papel como parte del puzzle de un Govern determinado a la independencia. Eso sí, teorizando sobre las evidencias, sin rastro de rebelión.