El TSJ de Cataluña tiene paralizada la causa sobre Illa por las mascarillas defectuosas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene paralizada la causa en la que se investiga al ex ministro de Sanidad Salvador Illa por un delito contra los derechos de los trabajadores en el reparto de mascarillas no homologadas entre el personal sanitario durante la primera etapa de la pandemia. En marzo de este año, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, que se inhibió y envió al órgano catalán la querella presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) debido a la condición de aforado del líder del PSC como diputado autonómico en el Parlament. El magistrado Carlos Valle envió todas las actuaciones practicadas a Cataluña. Sin embargo, tres meses después el máximo órgano del Poder Judicial en la comunidad autónoma no se ha pronunciado al respecto, según aseguran fuentes judiciales a OKDIARIO.

Hay que recordar que la Fiscalía, cuya máxima responsable es la ex ministra socialista Dolores Delgado, ya intentó torpedear la causa solicitando el archivo o que se declarase al Tribunal Supremo como órgano competente para investigar la causa. Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid desestimaron ambas peticiones del Ministerio Público y avalaron remitir el caso al TSJ de Cataluña. «Por lo que se refiere a la petición de archivo, esta decisión no puede prosperar por falta de competencia objetiva de aforamiento del querellado», señalaron.

«No procede más que confirmar la resolución objeto de la impugnación acordando la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», afirmaron. Los jueces explicaron que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, respecto al alcance de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución -sobre el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno-, establece que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo será el órgano competente de instruir las causas contra un diputado o senador «mientras no pierda la condición de miembro de las Cortes Generales».

Querella

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentó en marzo de 2020 una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por «una presunta actuación negligente, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario», tras repartir las mascarillas fake en varios hospitales que provocaron el contagio por Covid-19 de profesionales sanitarios.

El Gobierno no retiró hasta siete días después de tener conocimiento de que las mascarillas de la marca Garry Galaxy no cumplían con las especificaciones necesarias para luchar contra el coronavirus. Según la querella, las mascarillas FFP2 N95 que fue utilizada por el personal facultativo solo tenían una capacidad de frenar la filtración de aerosoles del 70%, «muy lejos del 92% mínimo».

El Ministerio de Trabajo y Economía Social fue quien alertó de que este material sanitario no cumplía con la normativa europea y, unos días después, el Ejecutivo se vio obligado a retirar una partida de miles de mascarillas fake que repartió a las Comunidades Autónomas.

Por ello, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha interpuso una querella ante el alto tribunal por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal, contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los demás corresponsables, ante el Tribunal Supremo, conforme al artículo 102 de la Constitución por su especial aforamiento.

El Alto Tribunal dio luz verde a que la querella presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se derivase a los juzgados de instrucción de Madrid. Éste abrió diligencias, pero después de que Illa cogiese el acta como diputado autonómico de Cataluña, envió la causa al órgano competente. Ahora, según fuentes consultadas, «la investigación está dormida a la espera de que se olviden de ella».