El Tribunal Superior de Madrid investiga a la fiscal de Púnica por ocultar informes de Odebrecht

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una investigación a la fiscal de Púnica, Teresa Gálvez, y, en última instancia, al Ministerio de Justicia por, presuntamente, vulnerar los derechos fundamentales del ciudadano hispano-brasileño Rodrigo Durán Tacla, investigado en el caso Odebrecht, rama en España de la operación Lava Jato (Lava Coches, en portugués) que salpica a 12 países y se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción y blanqueo de dinero de la historia de Iberoamérica, que acabó con Lula da Silva en la cárcel.

El investigado ha enviado un escrito a la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Madrid, órgano en el que están aforados los representantes del Ministerio Público, donde manifiesta que la fiscal anticorrupción Gálvez ha ocultado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el caso Odebrecht, los requerimientos enviados por el juez brasileño Eduardo Fernando Appio, del 13º Juzgado Federal, responsable de la causa matriz: la operación policial Lava Jato. En estos documentos, el magistrado solicita a España que Brasil asuma la investigación que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional, al entender que las autoridades brasileñas son «titulares de la Jurisdicción para el enjuiciamiento».

Así, el juez brasileño «revoca la cesión de jurisdicción a las autoridades españolas y reclama que el procesado en Brasil, Rodrigo Durán Tacla, sea juzgado en dicho país». Evitando de esta manera el bis in idem, principio que excluye que puedan imponerse dos sanciones a una persona por los mismos hechos. El juez ha enviado a España esta solicitud junto, al menos otras dos, a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, dependiente del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, los letrados del investigado en España y procesado en Brasil, Rodrigo Durán Tacla, aseguran que «el Ministerio de Justicia remitió al menos partes de esas cooperaciones internacionales dimanantes de Brasil a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, pero el órgano judicial competente al que se destinan las comunicaciones, es decir, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional del que es titular el juez Ismael Moreno, resulta no tener conocimiento de la citada documentación». Así, los letrados recuerdan que se están vulnerando los derechos fundamentales de su cliente Rodrigo Durán Tacla, puesto que «por el momento no ha sido escuchado en Brasil donde está procesado», debido a que la fiscal Gálvez no ha dado traslado al juez Ismael Moreno de los requerimientos de las autoridades brasileñas.

Comisión rogatoria

Los letrados de Rodrigo Duran Tacla detallan en el escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que ha tenido acceso OKDIARIO, tres documentos enviados por el juez brasileño a España. Los abogados destacan una comisión rogatoria en la que Brasil asegura que la representante del Ministerio Público Teresa Gálvez «no está cooperando con las autoridades brasileñas, en manifiesto incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Convenio de Cooperación Jurídica y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil». Por ello, el juez brasileño Eduardo Fernando solicita al fiscal general del Estado, Álvaro García, que abra un expediente disciplinario a Teresa Gálvez, que es también fiscal de Púnica.

En ese mismo escrito, el magistrado revela que la fiscal anticorrupción Gálvez está «involucrada en los diálogos de la trama Vazajato», en la que varios fiscales intercambiaron a través de Telegram –canal no oficial– pruebas claves de la Operación Lava Jato, alterando el procedimiento y provocando la posible nulidad del mayor escándalo de corrupción que salpica a Lula da Silva.

Los escandalosos chats de Telegram entre los investigadores de Lava Jato, fueron desvelados por la revista norteamericana The Intercept, en la que se publicaron conversaciones, grabaciones de audio, vídeos y fotos entre el fiscal Deltan Dallagnol y el ex magistrado y ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, quien en 2017 condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por recibir una casa en la playa de Sao Paulo a cambio de favores políticos. En esas conversaciones hay varios fiscales implicados, entre ellos la fiscal española Gálvez, que, debido a las «faltas graves, comportamiento poco ético y engaño sistemático» han puesto en tela de juicio la imparcialidad de la investigación y, pese a existir pruebas contundentes contra Lula da Silva por corrupción, ahora el presidente brasileño podrá quedar impune debido a la mala actuación de los investigadores.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto ahora una investigación para dilucidar si la fiscal Gálvez ha ocultado al juez Ismael Moreno las comisiones rogatorias enviadas desde Brasil y, por tanto, se han vulnerado los derechos fundamentales del investigado en el caso Odebrecht, según una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. De ser así, las mismas fuentes, no descartan que inicie una investigación por la vía penal contra la fiscal anticorrupción.