El sumario de las cloacas del PSOE: la UCO alertó de que Leire Díez presumía de «controlar» a la directora de la Guardia Civil

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil alertó el 5 de mayo de 2025 a su cadena de mando de que Leire Díez, vinculada al PSOE y al ex secretario de Organización Santos Cerdán, había puesto en marcha una campaña para desacreditar a los investigadores del caso Koldo y las tramas de hidrocarburos. Presumía de tener «control» sobre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González (PSOE).

Según consta en el sumario del caso al que ha accedido OKDIARIO, la UCO ha tomado declaración entre el 27 y el 29 de mayo de 2026 en el marco de las diligencias del caso Leire, declaradas secretas y tuteladas por el juez Santiago Pedraz.

Los documentos incluyen dieciséis actas de testigos y revelan una red de contactos destinada, según los declarantes, a modificar testimonios judiciales, recabar información comprometedora sobre mandos de la Guardia Civil y presionar a investigados para que cambiaran sus abogados por letrados afines al partido gobernante.

La nota de despacho del Departamento de Investigación Económica y
Anticorrupción de la Unidad (DIECAN), fechada el 29 de abril de 2025 y elevada a la cúpula de la Guardia Civil, describe la existencia de «un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO y la profesionalidad y honorabilidad personal de algunos de sus integrantes», señalando específicamente al teniente coronel Antonio Balas Dávila como objetivo.

La misma nota recoge que Leire Díez habría mantenido una videoconferencia con Alejandro Hamlym, propietario del Grupo Hafesa, empresa de hidrocarburos, para pedirle «cualquier tipo de material comprometedor» sobre los investigadores, y que el grupo «haría ver que detrás de esta estrategia se encontraría el señor Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil».

Presiones a testigos

El empresario Rubén Villalba, ex comandante de la Guardia Civil, ha declarado que Díez Castro se reunió con él en dos ocasiones, en marzo de 2025, y le ofreció un puesto como asesor de la directora general a cambio de información sobre mandos de la UCO.

Según su relato, Leire Díez se presentó como alguien con vínculos con «los de arriba del Gobierno» y le propuso tres vías para canalizar esa información: reunirse con la Fiscalía, declarar ante agentes de la Policía Nacional como testigo protegido, o actuar «como mano derecha de la Directora de la Guardia Civil».

También le ofreció cambiar de abogado, asumiendo el coste, y le señaló al letrado Ismael Oliver como la opción preferente, con el argumento de que así «podría manejar la estrategia de defensa de varias causas». Le aseguró que «el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella».

Francisco Ortega Fernández, técnico de Correos que sirvió de intermediario en esos encuentros, ha confirmado que Leire Díez hablaba en plural durante las reuniones —»¿Cómo te podemos ayudar?»— y mencionó expresamente tener «muy buena relación personal con la directora general de la Guardia Civil y con el PSOE».

El empresario Joaquín Parra, investigado en causas relacionadas con el fraude en el sector de los hidrocarburos, ha declarado que Díez Castro y Javier Pérez Dolset le prometieron retirar la acusación fiscal en sus causas a cambio de que interpusiera una denuncia contra Repsol.

Implicación de Sánchez

Según Parra, Leire Díez reconoció tener contacto, entre otras, con la fiscal María Teresa Verdugo de Málaga. Parra añade que cuando preguntó a Díez Castro si «Pedro» —en aparente referencia al presidente del Gobierno— estaba al tanto de estas gestiones, ella «respondió afirmativamente».

El intento de comprar el silencio

Paralelamente, la testigo Carmen Pano, implicada en otra causa por su presunta participación en la entrega de dinero en efectivo procedente de los hidrocarburos en la sede del PSOE en la calle Ferraz, ha declarado que la abogada Leticia de la Hoz, socia del despacho IDBO Consultants, la convocó a cuatro reuniones a partir de enero de 2025, antes de su primera comparecencia judicial.

El objetivo, según Pano, era que modificara su versión y declarara que en lugar de dinero había entregado documentos. La abogada le habría explicado que actuaba en nombre de «gente del PSOE» y que la operación era «para salvar el culo a Ábalos y a Koldo».

A cambio, el despacho ofreció pagar el alquiler de su vivienda durante entre cinco y siete años, 25.000 euros para la boda de su hija y 15.000 euros para que su acompañante, Álvaro Gallego García, pudiera comprarse un coche. Pano asegura que, tras consultar a su abogado Javier Gómez Bermúdez, rechazó el acuerdo y mantuvo su declaración original.

Cuando ratificó ante el Tribunal Supremo, el 25 de febrero de 2025, la entrega de efectivo, De la Hoz la cortó toda relación diciéndoles que se «olvidaran de ella, de ese despacho y de esa dirección».

Que se pongan «de perfil»

Además, documentos internos de la Guardia Civil revelan que el entonces director general Leonardo Marcos –que reemplazó de forma temporal a Mercedes González– convocó el 12 de julio de 2024 una reunión en la que, según varios testigos, calificó las actuaciones de la UCO en la causa contra David Sánchez Pérez-Castejón de «totalmente prospectivas y malintencionadas».

Marcos ordenó que el informe sobre los correos electrónicos incautados concluyera que «no había nada». Cuatro días después, el director adjunto operativo instruyó a los investigadores para que, en los procedimientos con «afectación política», no fueran proactivos y se pusieran «de perfil».

Tres informaciones reservadas se abrieron entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 para investigar presuntas filtraciones desde la UCO a la prensa. Ninguna concluyó con responsabilidades.

La tercera, iniciada a raíz de un artículo publicado el 19 de julio de 2025, incluyó la petición de un organigrama nominal de los oficiales del DIECAN con vinculación directa a investigaciones sobre el Gobierno. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente advirtió al instructor de la información reservada de mayo de 2025 que, si la apertura prosperaba, «procedería a abrir diligencias tanto contra el testigo como contra la persona que le ordenó la apertura».

Lo que estos documentos dibujan no es solo una trama judicial: es el retrato de una maquinaria que, sorprendentemente, habría intentado colonizar simultáneamente la fiscalía, la defensa de los investigados, la cadena de mando de la Guardia Civil y a los propios testigos. La instrucción de Pedraz ahora tiene el mapa completo sobre la mesa.