Sánchez ordena a la Policía perseguir a los camioneros huelguistas tras despenalizar los piquetes

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 17/03/2022 14:36
  • Actualizado: 17/03/2022 17:33

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado orden de perseguir con especial celo a los camioneros huelguistas que protestan ante la inacción del Ejecutivo frente a la escalada del precio del combustible. El Ejecutivo socialcomunista ha instado ahora a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a emplearse con «contundencia» contra los piquetes cuando los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, impulsaron y aprobaron en las Cortes la despenalización de tales actuaciones, recogida incluso en su acuerdo de coalición.

¿Cuál es ahora la coartada que se ha buscado el Gobierno para defender este cambio de discurso? Pues la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, lo ha avanzado este jueves en un acto del PSOE: los piquetes esta vez son de «extrema derecha», esgrime Moncloa para amoldar el relato a sus intereses y evitar el caos del desabastecimiento en plena crisis internacional por la invasión rusa de Ucrania. Entretanto, el Gobierno de Sánchez se niega a rebajar el IVA de los carburantes, y no anunciará medidas hasta el próximo 29 de marzo.

La subida del precio del combustible y la necesidad de mejorar sus condiciones labores, que no fueron resueltas en el acuerdo de diciembre entre Moncloa y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), representante de la patronal, son los dos principales motivos que han llevado a la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, integrada principalmente por pequeñas empresas, autónomos y asalariados, a convocar estos paros indefinidos. El Gobierno se afana ahora en estigmatizar a estos trabajadores como «extrema derecha». Por su parte, la CNTC no ha secundado esta huelga, pero sí ha denunciado el «grave y descontrolado» aumento del coste del carburante.

Desabastecimiento

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha creado un centro de coordinación (CECOR) frente a esta huelga que ya empieza a afectar a la cadena de suministros de bienes y servicios, y ha dado indicación a las delegaciones del Gobierno de reforzar todos los dispositivos policiales encomendados a la tarea de «organizar y asegurar convoyes de transportistas de bienes de primera necesidad», según fuentes de dicho departamento citadas por Ep.

Desde Interior sostienen que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llevan actuando «desde el primer momento» con un triple objetivo: garantizar el suministro de bienes de primera necesidad, garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y «garantizar el derecho al trabajo de la mayoría de transportistas que no secundan el paro ilegal».

Ser «sensible»

Llama poderosamente la atención cómo el Gobierno de Pedro Sánchez se preocupa ahora tanto por garantizar ese derecho al trabajo cuando su partido, de la mano de Podemos, impulsó en el Congreso y el Senado la despenalización de los piquetes con la derogación del artículo 315.3 del Código Penal a través de una proposición de ley del Partido Socialista, que dio lugar a la Ley Orgánica 5/2021 publicada en el BOE del 23 de abril de 2021.

La diputada socialista Andrea Fernández defendió entonces la iniciativa afirmando que había que ser «sensible» a las demandas de los trabajadores. Es más, el acuerdo «progresista» de gobierno sellado por PSOE y Podemos para sentar a Pedro Sánchez a La Moncloa tras las elecciones de 2019 recoge también la «derogación del artículo 315.3 del Código Penal» dentro del apartado «Derechos y libertades civiles».

El derogado artículo 315.3 del Código Penal sobre los piquetes establecía que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses». Ahora, Marlaska persigue a estos piquetes.