Puigdemont quiere declarar el martes la independencia pero supeditada al resultado de unas autonómicas

La fuga de bancos y grandes empresas registrada durante las últimas 48 horas (con firmas tan emblemáticas como CaixaBank, Gas Natural Fenosa, Banco Sabadell, Banco Mediolanum y Arquia Banca) ha hecho activar una segunda estrategia dentro del partido de Carles Puigdemont, el PDeCAT.

El partido ligado tradicionalmente a la burguesía catalana es consciente de que sólo es el principio: ya es evidente que el proceso de independencia implicará una destrucción del tejido empresarial que tendría un elevadísimo coste en pérdida de ingresos fiscales y puestos de trabajo para la región.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha solicitado comparecer el próximo martes en el Parlament y casi todos esperan que proclame al fin la independencia de Cataluña. Pero Puigdemont y su equipo de colaboradores ya han comenzado a tramar un plan b. Pese a las evidencias de pucherazo, durante su intervención insistirá en que el referéndum ilegal del 1-O ha arrojado un resultado inequívoco, que legitima las aspiraciones del pueblo catalán de constituirse en un Estado independiente.

Pero a continuación, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Puigdemont condicionará la declaración de independencia al resultado de unas elecciones autonómicas que se celebrarían el próximo mes de diciembre, y que pretende que tengan un carácter plebiscitario. Repite así la jugada de Artur Mas en 2015, utilizando de nuevo la independencia como señuelo para intentar salvar sus expectativas electorales.

Otra vez a las urnas, en diciembre

Al menos, esta es la posición que mantienen en este momento los principales miembros del Govern, que choca frontalmente con la exigencia de la CUP (encargada de hacer el trabajo sucio en las calles, como se ha visto durante la última semana) de no demorar ni un minuto más el desafío soberanista.

Pero todo ha cambiado en las últimas horas. Con la inestimable colaboración de todo el aparato de propaganda de Podemos, PDeCAT y ERC han comenzado a agitar el mantra de la «mediación».

Saben que es la única forma de que su proyecto secesionista pueda alcanzar algún tipo de reconocimiento internacional, ante la absoluta falta de garantías del referéndum del 1-O (cuya organización, campaña, participación y escrutinio estuvo en manos, exclusivamente, de los propios independentistas). Por tanto, su resultado carece de cualquier tipo de credibilidad, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Recurriendo a una de las metáforas bélicas que tanto fascinan a los independentistas, el conseller de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, pedía este viernes «un alto el fuego, una tregua», mientras el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, se disponía a declarar en la Audiencia Nacional, imputado por un delito de sedición que acarrea una pena de hasta 15 años de cárcel.

Los empresarios hacen las maletas

Y de repente, los gestos han comenzado a multiplicarse desde el Gobierno de Rajoy. En contra de lo previsto, la Fiscalía ni siquiera ha pedido medidas cautelares para Trapero. El delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, se ha ido a TV3 (el principal aparato de propaganda del independentismo) a pedir perdón por las cargas policiales del 1-O.

Tras calificar de «golpe de Estado» el referéndum ilegal, el propio presidente Mariano Rajoy dice ahora que no ve «motivos jurídicos» para suspender la autonomía de Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución. Y en una de las escenas más tragicómicas de todo este enredo, Artur Mas dice ahora que Cataluña «todavía no está preparada para la independencia».

Así que aplazar la declaración de independencia hasta después de unas elecciones autonómicas, que se celebrarían a finales de año, abriría un período de «distensión» y acabaría de momento con la guerra de nervios que se ha desatado. También enviaría un mensaje de tranquilidad a los empresarios catalanes que han comenzado a hacer las maletas.

Sólo rechazaría esta fórmula la CUP, que se ha convertido en un lastre demasiado pesado para el PDeCAT y ERC. Y a partir de aquí, se abren las apuestas. ERC no desea reeditar la coalición Junts pel Sí, pues confía que el vicepresidente Oriol Junqueras capitalice todos los réditos del fallido proceso secesionista. Esto augura el descalabro definitivo del PDeCAT y de Carles Puigdemont, condenado a convertirse en otro juguete roto del independentismo.

De dinamitero a «apóstol del diálogo»

Ya desde las semanas previas al 1-O, Podemos ha hecho causa común con los separatistas, para lanzar a la alcaldesa Ada Colau como candidata a la Presidencia de la Generalitat. Ha perdido así el respaldo popular de los catalanes moderados y ya sólo puede aspirar a disputarle el voto a los antisistema de la CUP. Pablo Iglesias ha intentado primero utilizar la crisis de Cataluña para dinamitar el régimen constitucional del 78, y ahora intenta rectificar este rumbo presentándose como el apóstol del «diálogo».

Por su parte, los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) han puesto sus esperanzas en el despertar de la mayoría silenciosa, que saldrá a la calle este domingo convocada por Sociedad Civil Catalana, que se ha sentido al borde del precipicio ante el desafío de Puigdemont contra la Constitución.