El PSOE y el PNV aprueban la ley que criminaliza a la Policía por abusos en la lucha contra ETA

Las víctimas de abusos policiales cometidos en el País Vasco entre 1978 y 1999 podrán ser reconocidas a través de una ley que previsiblemente aprobará este jueves el Parlamento Vasco y que modifica parcialmente otra de 2016 que no pudo aplicarse tras ser recurrida al Tribunal Constitucional.

Los nacionalistas del PNV y los socialistas de PSE-EE, socios en el Gobierno Vasco que están en minoría en el Parlamento, votarán en el pleno de la Cámara de Vitoria a favor del dictamen de la ley, que saldrá adelante gracias a las abstenciones de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en la mayoría de los artículos, mientras que el PP se posicionará en contra.

La ley aprobada en 2016 de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, conocida como Ley de abusos policiales, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy y no pudo desarrollarse.

El Ejecutivo del PP argumentó, entre otros razonamientos, que la comisión de valoración que figuraba en la norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas de la violencia policial, no podía ejercer esta función porque es una labor que compete a los jueces.

Pero cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa el Gobierno acordó con el vasco la retirada del recurso de inconstitucionalidad a cambio de que se introdujeran en un nuevo texto varios cambios que dejaran claro, entre otras cuestiones, que su objetivo no es buscar responsabilidades de esos abusos, sino resarcir asistencialmente a los afectados.

Esta modificación normativa llegó al Parlamento de la mano del PNV y PSE y mañana se debate y aprueba aunque con la abstención crítica de EH Bildu, que lamenta que el texto no incluya un reconocimiento pleno a estas víctimas como el que tienen otras por terrorismo y porque da «un apoyo» a «los perpetradores de vulneraciones de derechos humanos».

En Elkarrekin Podemos tampoco están de acuerdo con la normativa porque la coalición considera que no se ponen encima de la mesa todas las vulneraciones de derechos humanos, aunque también se abstendrá.

El único grupo que votará en contra será el PP, que asegura que con esta modificación la ley sigue vulnerando la Constitución.

Los cambios afectan a tres artículos y a una disposición adicional y la ley pretende dejar claro que no se invaden competencias reservadas al poder judicial y que su objetivo no es buscar responsabilidades de esos abusos, sino el de resarcir asistencialmente a los afectados.

Uno de los artículos modificados, que es el principal, fue rechazado por la comisión de Derechos Humanos porque Elkarrekin Podemos cometió un error y en lugar de abstenerse votó en contra.

Mañana en pleno se intentará enmendar dicho error y el PNV presentará un voto particular sobre dicho artículo que será aprobado con la abstención de Elkarrekin Podemos.

Ese artículo establece que la vulneración de derechos humanos en un contexto de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos pero precisa que «no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal».

Esta ley se circunscribe a las víctimas que sufrieron abusos policiales entre 1978 y 1999. Las que padecieron estas vulneraciones entre 1969 y 1978 ya han sido reconocidas a través de un decreto que aprobó en 2012 el Gobierno Vasco socialista con Patxi López como lehendakari.