El PP pide que las víctimas de ETA puedan alegar o recurrir en el acercamiento de los presos

El PP ha solicitado que las víctimas de terrorismo de ETA puedan participar en la ejecución de las condenas y alegar o recurrir los acercamientos de estos presos a cárceles próximas al País Vasco, así como el derecho a ser informadas de cualquier tipo de beneficio penitenciario.

El grupo parlamentario del PP ha registrado una Proposición de Ley Orgánica de protección de la víctima de delito que modifica hasta cuatro leyes orgánicas con el fin de ampliar los derechos de información de las víctimas de terrorismo y de otros delitos y para garantizarles una mayor protección.

El PP ha registrado esta iniciativa el mismo día en que Instituciones Penitenciarias acordó el traslado de otros cinco presos de ETA a cárceles del País Vasco o próximas a la región y tras conceder el tercer grado o régimen de semilibertad a otro recluso de la banda terrorista que será acercado a la prisión de Álava.

«El Gobierno de Sánchez acercó ayer a la asesina de nuestro compañero Manuel Giménez Abad. Y cedió las cárceles al PNV», ha incidido el líder del PP, Pablo Casado, en un tuit tras anunciar el registro de esta proposición de Ley ayer.

La iniciativa urge facultar a las asociaciones de víctimas poder solicitar la información de las condenas de estos presos y de sus beneficios penitenciarios para defender los intereses de las víctimas en caso de que así lo soliciten.

«Que las víctimas puedan participar en la ejecución de la condena para evitar la posibilidad de que determinadas decisiones judiciales o de autoridades penitenciarias otorguen beneficios a los penados sin la participación de las víctimas mediante recursos o alegaciones», señala el texto de la iniciativa que también pide modificar la Ley que regula el derecho a la reunión.

En este sentido insta a que los ayuntamientos acaten la prohibición de manifestaciones que rindan homenaje a un autor de delito de terrorismo.

«Los ayuntamientos tendrán prohibido facilitar cualquier tipo de medida para que se pueda hacer dicha reunión o manifestación», incide el nuevo artículo que señala que de lo contrario cometerían infracción muy grave.

La proposición de Ley del PP que será debatida en el Pleno del Congreso también insta a que las víctimas de delitos de terrorismo puedan recibir toda la información sobre la causa penal del condenado de forma rápida, y tanto si se inicia el procedimiento penal como si no, y tanto en asuntos vinculados su puesta en libertad o a medidas cautelares que se adopten.

Del mismo modo, que puedan participar en la ejecución de la condena cuando hay notificaciones para pasar al tercer grado o cuando se dicta libertad condicional.

Solicitan que se haga una evaluación individualizada de las víctimas, para ver si se trata de colectivos vulnerables y requieren medias especiales de protección (como puede ser el caso de menores) así como una evaluación de la naturaleza del delito, sobre todo en los casos de terrorismo.

Un punto de la proposición de Ley indica que «durante la fase de investigación podrán ser adoptadas medidas de protección a las víctimas» y habrá que tener en cuenta por ejemplo dónde se las toma declaración, si son dependencias adecuadas.

El PP también insta a modificar el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria para que los requisitos de acceso al tercer grado de los presos por terrorismo sean acreditados mediante informes de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía adscrita a la misma, toda vez que han cumplido con las responsabilidades civiles a través de sus rentas o patrimonios presentes o futuros o han dado muestras de que abandonan los fines terroristas y colaboran con las autoridades, entre otros requisitos.

El PP argumenta que se trata de una proposición de Ley que persigue cubrir lagunas en la defensa de la dignidad y del conjunto de los derechos de las víctimas de delito.

Por ello también se modificarían, además de la Ley General Penitenciaria, el Reglamento Penitenciario y la Ley Orgánica de derecho de Reunión, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad  Jurídica y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Señala que «el actual texto legislativo que recoge los derechos de las víctimas establece una normas mínimas sobre los derechos» por lo que afirma que «las medidas de protección deben garantizar efectividad frente a las represalias, la intimidación» o los daños psíquicos que pueden registrar las víctimas.