El PP enmienda una moción de Vox en el Congreso sobre la «prioridad nacional» que pactó en Extremadura
Vox resume en los pasillos del Congreso el concepto: "Los españoles primero"
El Partido Popular ha enmendado una moción de Vox en el Congreso de los Diputados sobre inmigración sobre la «prioridad nacional» que pactó hace menos de una semana en Extremadura. La moción se debatirá y votará coincidiendo con la celebración de la investidura de María Guardiola a la presidencia de la Junta.
El concepto de «prioridad nacional» recorre tanto la moción de Vox como la enmienda del PP. En ambos textos se observan diferencias en el detalle de su significado.
Vox pide «establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda», sin más condiciones, y reclama «la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles».
Sin embargo, el PP adopta el mismo «principio rector», lo califican así fuentes del partido, pero matiza que la idea va unida a principios que puedan ser verificables.
El texto del PP insiste en que este concepto tiene que ver con «la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio», y señala que esa vinculación tiene que ver con tres criterios fundamentales: un período mínimo de empadronamiento, una trayectoria de cotización al sistema y la exclusión de prestaciones estructurales para quienes estén en situación irregular, salvo «urgencia vital». No hay mención a la remigración ni a deportaciones de residentes legales.
Vivienda y sanidad
En materia de vivienda, Vox se limita a señalar que los españoles «deben tener preferencia en el acceso a vivienda social, protegida y ayudas al alquiler», sin articular ningún mecanismo concreto. Por el contrario, los populares detallan que para acceder a una vivienda se debe exigir un mínimo de diez años de empadronamiento para acceder a vivienda para la compra y cinco en el caso del acceso a un alquiler de tipo social.
Sobre este asunto, también añaden matices relacionados con la actividad laboral, los vínculos familiares o la vinculación formativa con el territorio. Su texto también contempla a colectivos vulnerables a los que se otorgaría puntuación adicional. Por ejemplo, jóvenes menores de 36 años, familias numerosas, personas con discapacidad o unidades en situación de hacinamiento. Por su parte, también dejan claro que no tienen derecho a ningún tipo de ayuda de este tipo quienes hayan sido condenados «por usurpación o allanamiento de viviendas en los últimos cinco años».
Sobre Sanidad, Vox pide derogar el Real Decreto 180/2026. Este texto reconoce el derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a los extranjeros sin residencia legal y propone impedir que los inmigrantes irregulares puedan usar el sistema sanitario «salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital». El PP no propone su derogación, pero sí concede el derecho a prestaciones sociales en causas de «urgente» necesidad.
Ester Muñoz: «El PP es coherente»
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ha respondido a las palabras de su homóloga de Vox, Pepa Millán, asegurando que el PP no está «boicoteando» el acuerdo que las dos formaciones han suscrito en Extremadura para que la popular María Guardiola sea investida presidenta de la región. Además, Muñoz indica que es «coherente» con lo firmado en ese pacto y con lo que dice públicamente.
Muñoz ha destacado, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que el PP no «boicotea» los acuerdos, sino que llega a pactos para «llevarlos a cabo». Asimismo, la portavoz popular ha subrayado que el Partido Popular ha demostrado en todo momento una «voluntad de diálogo» que es «coherente» con lo que han pedido los extremeños en las urnas.
Así se pronuncia el Partido Popular después de que Pepa Millán haya denunciado que líderes regionales de la formación, caso de Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso, a los que no ha nombrado directamente, están «boicoteando» el acuerdo suscrito para Extremadura, al tiempo que ha avisado de potenciales «consecuencias» si no cumple el concepto de «prioridad nacional».
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