Sánchez ordena proteger a Iglesias de la Fiscalía boliviana en plena imputación por la ‘caja B’ de Podemos

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 12/08/2020 06:46
  • Actualizado: 12/08/2020 14:19

El caso por la ‘caja B’ de Podemos no sólo se investiga en Madrid. La Fiscalía General de Bolivia reclama el testimonio de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón por la extraña entrada de agentes españoles las pasadas navidades en la Embajada de México en La Paz.

La Fiscalía de Bolivia sospecha que esa actuación -ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez- pudo tener como trasfondo el intento de control de la información de algunos de los presentes en esa sede diplomática en materias como los pagos de Evo Morales a Podemos.

El Gobierno y la Fiscalía de Bolivia, sin embargo, han topado con el freno del Gobierno español, que dilata por medio de la Fiscalía española y su responsable máxima, Dolores Delgado, la testifical reclamada de los grandes fundadores de Podemos. Y es que esa declaración puede suponer la obtención de información clave que se sumaría a las imputaciones comunicadas este martes por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid sobre la financiación B del partido morado y sus movimientos de fondos por medio de la consultora Neurona.

El titular del Juzgado 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado incluso a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.

El magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas -así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias-, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

Calvente explicó que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre.

Esas irregularidades, según su versión, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o incluso sobresueldos. Además, la denuncia apunta a Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

Decisión de Delgado

Pero esta investigación analiza los hechos desde España. Cuando parte de los movimientos económicos parecen acabar, según las sospechas de la Fiscalía General de Bolivia, en los salones del entonces presidente del país, Evo Morales.

Y es ahí donde entra en juego la labor de Sánchez y de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, para proteger a Pablo Iglesias. Y es que Pedro Sánchez ha pedido que se frene la petición de declaración de Iglesias, Monedero y Errejón ante la Fiscalía de Bolivia.

Delgado tiene la última palabra para agilizar o retrasar la petición de sus homólogos bolivianos en las investigaciones sobre la financiación ilegal de Podemos. Y esa palabra es la de retrasar al máximo, pese a que el documento en poder de OKDIARIO prueba que la solicitud de declaración fue adoptada por el Gobierno de Bolivia el pasado 4 de enero.

El ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo, remitió a la Fiscalía boliviana, a las 8.31 hora local de aquel 4 de enero, una carta en la que solicitaba la declaración de los fundadores de Podemos Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. La petición incorporaba igualmente la petición de testifical del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del ex juez Baltasar Garzón por sus vínculos con Evo Morales.

El escrito, dirigido a Fausto Juan Lanchipa Ponce, fiscal General del Estado, afirmaba: «Señor fiscal, como es de conocimiento público en fecha de 27 de diciembre de 2019 un grupo de personas encapuchadas identificados como súbditos españoles buscaron romper un cerco de seguridad de la policía boliviana en torno a la Embajada de México, donde presuntamente se asilan una decena de funcionarios del gobierno de Evo Morales Ayma».

La citación pretende esclarecer igualmente las relaciones de determinados cargos del antiguo Gobierno de Evo Morales con el narcotráfico y el uso de ese dinero hacia la propagación de iniciativas políticas de extrema izquierda.

Por ello, la Fiscalía de Bolivia busca información sobre el intento de asalto por parte de agentes españoles encapuchados y armados a la residencia de la Embajada de México en La Paz. Una operación sobre las que extienden las sospechas de que estuviera diseñada para dejar huir a los ex ministros de Evo Morales Juan Ramón Quintana y Héctor Arce. La Fiscalía de Bolivia cree que Quintana estaba al corriente del narcotráfico en Bolivia; y Arce pudo ser el encargado de financiar a Íñigo Errejón como parte del plan de apoyo a iniciativas de extrema izquierda en Europa.

Por todo ello, el ministro Arturo Murillo solicitó a la Fiscalía que citara en calidad de testigos a Iglesias, Monedero, Errejón, Rodríguez Zapatero y al ex juez Baltasar Garzón.

Neurona

Y todo ello se entremezcla con otro nombre: el de la consultora estrella de Podemos y Monedero. Como desveló este diario en abril de 2019, César Hernández Paredes es el fundador de Neurona Consulting, la empresa que, tras conseguir contratos millonarios sospechosamente abultados del Gobierno de Evo Morales, orquestó las últimas campañas electorales de Iglesias. Las investigaciones judiciales han probado el destino de dinero de contratos del país andino a partidos políticos extranjeros. Y la Fiscalía de Bolivia investiga el uso de la consultora Neurona con este fin.

En Facebook, este empresario seguidor de Hugo Chávez y muy próximo a Juan Carlos Monedero, como presume en redes, admitió el desvío de dinero de Bolivia: «Gracias a ese contrato, pudimos financiar otros proyectos progresistas que se encontraban sin capital en otras partes del mundo», afirmó cuando se descubrieron los 1,8 millones destinados desde el Gobierno de Morales a su empresa por una serie de microvídeos propagandísticos.