España

El número 3 de Irene Montero sale de Igualdad en pleno escándalo por la niñera-alto cargo

Su nombre es Pedro Francisco Guillén Marina. Era el número 3 del Ministerio de Irene Montero: el subsecretario de Igualdad. Técnico del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Considerado como el factor técnico -básicamente el único- de ese departamento. Nombrado por Irene Montero. Y ahora cesado por Irene Montero.

El cese ha quedado plasmado ya en el BOE con fecha de 23 de febrero. En plena crisis por la jefa de gabinete adjunta, Teresa Arévalo, reconvertida en niñera con cargo al presupuesto público. Y tal y como reza el texto oficial: «A propuesta de la ministra de Igualdad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de febrero de 2021, vengo en disponer el cese de don Pedro Francisco Guillén Marina como subsecretario de Igualdad, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 23 de febrero de 2021».

Los rumores hablan de intenso malestar interno. Hablan de pérdida de confianza del subsecretario en la ministra y de la ministra en el subsecretario. Básicamente porque el técnico es técnico de verdad -y con amplio prestigio entre sus compañeros- y la ministra es Montero.

Sea como sea la versión oficial, lo cierto es que el subsecretario sale del Ministerio en plena crisis por el escándalo de la niñera-alto cargo y mientras la Fiscalía pide abrir una pieza separada ante la Justicia por el escándalo de Teresa Arévalo.

De la confianza de Montero

Montero sí confió en el pasado en Guillén. De hecho, tiró de sus servicios para no entregar los informes ministeriales con los que la ministra justificó que no se suspendieran las manifestaciones del 8-M: el ‘infectódromo’.

Un 26 de marzo, en plena reaparición televisiva de Irene Montero tras dar positivo en coronavirus, la ministra afirmó que, en relación al mantenimiento de las manifestaciones del 8M, «hicimos en todo momento lo que dijeron los expertos y la autoridad sanitaria». Desde su convalecencia en Galapagar, la ministra esgrimió informes técnicos, pero acto seguido decidió guardarlos en un cajón bajo llave.

El jurista Samuel Parra, experto en transparencia y ciberseguridad, trasladó el 11 de abril un requerimiento al Ministerio de Irene Montero para conocer de primera mano los supuestos consejos de los técnicos para no cancelar el 8M. Sin embargo, en una resolución firmada el 8 de mayo, el departamento de Irene Montero le denegó esa información. Aquella resolución negando el acceso a los datos fue firmada por Pedro Guillén Marina, subsecretario de Igualdad.

Aquello fue un primer paso. Pero no habrá segundo, porque Guillén ha saltado del Ministerio. Es funcionario de cuerpo superior y puede permitirse la movilidad.

Especialmente cuando los vientos soplan fuerte en el departamento de Igualdad. Y cuando el subsecretario es el responsable directo de «la representación ordinaria de los asuntos propios del Departamento y la dirección de sus servicios comunes, incluyendo el apoyo y asesoramiento técnico a la Ministra». Traducido: que tener que dar explicaciones de la niñera puede ser un trago amargo. Especialmente cuando ese trago ha atraído ya la mirada de la Fiscalía.

Pieza separada de la niñera-alto cargo

Porque ya hay nuevo impulso judicial al caso de la niñera de Irene Montero. La Fiscalía acaba de pedir la apertura de una pieza separada en el caso Neurona para investigar presuntas irregularidades como, entre otras, el uso de personal de Podemos y de la Administración pública para servicios personales a Irene Montero. Y ese es el caso de la alto cargo del partido y asesora en el Ministerio de Igualdad Teresa Arévalo, que desarrolla labores de niñera, y de la escolta de la formación morada, que hacía tareas de recadera. Esta última denunció en los tribunales y consiguió una jugosa indemnización que permitió a Podemos evitar in extremis ser condenado en un juicio laboral.

En un escrito de tres páginas, la fiscal del caso Neurona, adscrita a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, se ha dirigido al juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Plaza Castilla que investiga las irregularidades contables de Podemos, para pedir «la incoación de pieza separada en relación a los nuevos hechos denunciados» por Mónica Carmona, responsable de cumplimiento normativo de Podemos hasta que fue despedida.

Sobre el uso indebido de personal del partido o del Ministerio para servicio doméstico, el documento recoge: «Dentro de la contratación fraudulenta de los gastos de campaña [Mónica Carmona] refiere que Irene Montero habría contratado a un miembro del partido como cuidadora de sus hijos. Aporta documentación relativa a que Irene Montero viajó con su hija y Teresa Arévalo para un acto de campaña. Igualmente refiere que tuvo a otra persona miembro del partido que según la noticia actuaría como escolta de Irene Montero». Cabe recordar que Arévalo es la secretaria de Política de Cuidados de Podemos dentro de la cúpula del partido, el Consejo Ciudadano Estatal.

Y, justo en medio de todo ello, Guillén sale del Ministerio.