La Justicia de Ecuador detecta irregularidades en los contratos de Correa con empresas ligadas a Podemos

La Justicia de Ecuador acorrala a Kinema, Mi País Consultores y otras empresas fundadas y ligadas a Podemos por sus contratos con el Gobierno de Rafael Correa. Tal como desvela OKDIARIO, la Contraloría de ese país –un órgano oficial homologable al Tribunal de Cuentas español– ha emitido un duro informe en el que enumera varias «irregularidades» en esas 16 adjudicaciones. Detecta que fueron encargos a dedo, sin acreditar experiencia previa y sin incluir otros documentos básicos para comprobar que los servicios se prestaron y se fijaron precios adecuados al mercado.

Se trata de un informe detallado de 60 páginas en el que disecciona esas irregularidades en contratos de asistencia legal y psicosocial firmados por la Embajada de Ecuador en España para ayudar a compatriotas afectados por los desahucios. Estas tareas recayeron en empresas de la órbita de Podemos. Entre ellas destaca Kinema, cooperativa fundada por el diputado Rafa Mayoral y en la que han trabajado numerosos integrantes del partido morado. También destaca que esta entidad fue contratada por la formación que ahora encabeza Ione Belarra para llevar su contabilidad interna y el pago de sus nóminas. Todo ello hace disparar las sospechas que estos contratos del Gobierno de Rafael Correa fueron un intercambio de favores por el apoyo de los morados en sus procesos electorales.

Los contratos se realizaron sin incluir en el expediente los estudios completos de los casos o las especificaciones técnicas. Los auditores ecuatorianos tampoco han podido localizar datos tan básicos como, entre otros, el número exigido mínimo de atenciones a los ecuatorianos que viven en España para determinar el valor del servicio. Tampoco aparece por ninguna parte los certificados de idoneidad de las empresas seleccionadas.

El informe que desvela OKDIARIO está fechado a 27 de abril de 2022. Analiza 16 contratos firmados entre 2015 y 2021 con las empresas Kinema, Mi País Consultores, Innovación Tecnológica y WJ Europa, e Intecon Iberoamérica.

6,9 millones

En las conclusiones se zanja: «Los contratos se suscribieron sin estudios completos ni definitivos, ni términos de referencia que permitan establecer los parámetros necesarios que garanticen experiencia y capacidad de los contratistas». Sin esos datos es imposible analizar si los precios fueron hinchados o contienen sobrecostes. También se hace inviable comprobar si las ofertas aceptadas eran las más convenientes para los intereses de Ecuador conforme a sus leyes.

La polémica con estos pagos estalló en agosto de 2021. Entones el nuevo embajador de Ecuador en España tiró de la manta. Denunció en televisión que, desde la embajada, se financiaba con dinero de los ecuatorianos a Podemos, afín a Correa. En total, 6,9 millones de euros en nueve años procedentes de las arcas públicas. El embajador dimitió arrastrado por el escándalo, pero fue recolocado en Catar.

Por otra parte, tal como destacan medios ecuatorianos como Expreso, los auditores han localizado otros extremos sospechosos. Uno de los contratos, que se firmó el 1 de mayo de 2016 para Mi País Consultores, una compañía constituida el 26 de abril, es decir, cuatro días antes. Además, el representante legal fue nombrado el 3 de mayo. Es quien también figura como representante de otras empresas contratadas. «No se verificó su efectiva ejecución y no se requirieron las facturas que demuestren los gastos efectuados», se resume.

El gerente de varias de las empresas señaladas, como consta en el documento de la Contraloría, emitió un comunicado en el que justifica que no tiene por qué ofrecer explicaciones a Ecuador. «Los contratos se someten a la jurisdicción española y cumplieron en estricto apego a lo estipulado en cada uno», esgrime. En todo caso, esta respuesta no convence al equipo de control porque el gerente no presenta ningún documento que facilite chequear las fechas de los trabajos o el desglose de los gastos.

También se afea que las cifras no cuadran. Hay un desfase de cifras de las asesorías y las gestiones prestadas por las empresas. Por tanto, no se puede comparar adecuadamente lo contratado con el servicio finalmente prestado. El ente establece que las autoridades ecuatorianas no verificaron ni validaron la información.

Por último, se suscita otra sospecha con el IVA. Los contratos incluyeron IVA aunque los servicios de asistencia psicosocial, según la ley española, no gravan por este impuesto. Sin embargo, consta en algunas facturas. “Se evidencia que existió un error respecto del IVA, el cual no fue pagado”, apostillan.

Responsabilidades

La Justicia de Ecuador apunta consecuencias por estas irregularidades. Los auditores sugieren la imposición de responsabilidades civiles y administrativas para los funcionarios que actuaron en el periodo examinado. Entre ellos, ex embajadores, ex encargados de negocios, los administradores de los contratos, agregados, coordinadores y directores financieros.

El informe ha sido remitido al área de juzgamiento de cuentas para el estudio de los hallazgos, notificación a los involucrados, recepción y análisis de las respuestas y pruebas de descargo.