El juez estrecha el cerco sobre García Ortiz: pide su tráfico de llamadas y recuperar los WhatsApp

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las filtraciones sobre el novio de Ayuso ha pedido a Movistar y Vodafone que aporten «los datos del tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que los reciben y emiten». Asimismo, el juez pregunta a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si existe posibilidad de recuperar los mensajes de WhatsApp emitidos por García Ortiz entre el 8 y 14 de marzo.

En un auto, el instructor del caso, Ángel Hurtado, se dirige a la UCO «para que informe sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a los números» asociados a García Ortiz.

La UCO concluyó la semana pasada que Álvaro García Ortiz cambió su teléfono móvil el 23 de octubre de 2024, siete días después de que el Tribunal Supremo iniciara una investigación en su contra por presunta revelación de secretos en el caso relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según un nuevo informe de la UCO, los investigadores llegaron a esta conclusión tras analizar los identificadores técnicos (IMSI/IMEI) asociados a las tarjetas del teléfono móvil que fue incautado durante el registro de su despacho el 30 de octubre.

Las pesquisas judiciales comenzaron a raíz de una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, donde se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigada por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.

Las nuevas diligencias encargadas por Hurtado se refieren al periodo temporal comprendido entre el 8 y el 14 de marzo, por ser el periodo investigado. La acusación popular ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pedía ampliarlo para fijar la fecha de inicio en el 20 de febrero, cuando la Fiscalía de Madrid presentó la denuncia contra González Amador por presuntos delitos fiscales.

Sin embargo, Hurtado lo rechaza al considerar que, «aunque haya habido comunicaciones desde el 20 de febrero», «hasta remontarnos a tal fecha es muy frágil la sospecha que permita relacionarla con alguna que pudiera tener que ver con la dinámica delictiva que se investiga».

La defensa de García Ortiz y Rodríguez se opuso también a tal extensión. De hecho, en su recurso directo de apelación piden limitar el periodo investigado desde las 22.00 horas del 13 de marzo, cuando empezaron a publicarse informaciones sobre las negociaciones para llegar a un acuerdo entre González Amador y la Fiscalía, hasta las 10.20 del día siguiente, cuando se publicó la nota de prensa que dio origen al caso.

Los fiscales esgrimen que ese fue en realidad el periodo en el que García Ortiz y Rodríguez tuvieron acceso a los correos electrónicos con la información publicada. No obstante, Hurtado -a quien no compete resolver el recurso de apelación- cree que no se puede aislar ese lapso de «poco más de 12 horas» porque la presunta filtración «no se puede entender sino como el desenlace final de una serie de acontecimientos coordinados y encaminados a ella, que, por razones obvias, tuvieron que tener lugar con anterioridad a la propia divulgación».

En cualquier caso, Hurtado incide en que su decisión actual «no quita para que, en función de lo que vaya requiriendo la investigación, se pueda acordar otra cosa». En este sentido recuerda que en resoluciones anteriores ya avisó de que, si bien las pesquisas se acotaron a entre el 8 y el 14 de marzo, el material incautado debía quedar guardado para «evitar que se perdiera» ante «una prueba que pudiera ser útil en función de lo que exigiera el avance de la instrucción».

Denuncia del PSOE

Por su parte, el PSOE ha presentado este martes una denuncia contra el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos por revelar datos personales de dos periodistas, según ha adelantado eldiario.es.

Según la denuncia, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía, «de un policía nacional que pertenece a la escolta» de la presidenta de la Comunidad de Madrid que había identificado a los periodistas el pasado 19 de marzo, cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso.

El PSOE reclama la imputación de Rodríguez por filtrar información privada de estos reporteros y que su teléfono sea investigado para evitar «la posible destrucción de pruebas» de los mensajes que tengan relación con el caso.