La juez cree que la conservación de la pasarela mortal de Santander corresponde al Gobierno

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 24/03/2026 10:18
  • Actualizado: 24/03/2026 11:15

La magistrada instructora del accidente de la pasarela de El Bocal (Santander), en el que el pasado 3 de marzo fallecieron seis jóvenes, considera que el Gobierno es «el único responsable de garantizar su adecuada conservación y mantenimiento». En consecuencia, dirige acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de costas en Cantabria, que pertenece y depende orgánicamente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en manos de la ministra Sara Aagesen Muñoz.

En concreto, la dirige contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y el director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, jefe de la citada Demarcación.

Así lo ha acordado la magistrada en un auto dado a conocer este martes, en el que también declara a la Demarcación de Costas en Cantabria posible responsable civil, ya que es la única responsable del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas dentro del Proyecto de la senda peatonal al tratarse de obras no finalizadas.

Rosa Martínez, magistrada titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander e instructora de este caso, ve «serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela».

La magistrada señala que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera, pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados. Así las cosas, la instructora señala que esa actuación «ha podido resultar insuficiente», concurriendo, por ello, «serios indicios de negligencia».

Los seis fallecidos en El Bocal son cinco chicas y un chico, de entre 19 y 22 años. Tres procedían del País Vasco, una de Almería, otra de Guadalajara y la restante era cántabra. La única superviviente de la tragedia es una joven de 19 años, vecina de Elvillar (Álava), quien resultó herida grave.

Costas, la única responsable del mantenimiento

La magistrada toma la decisión de dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas a la vista de la documentación requerida y aportada por la propia administración central y por el Ayuntamiento Santander.

Analizada la misma, la instructora concluye que «las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado».

Según expone, las obras iniciadas con el primer Proyecto de 2012 se paralizaron porque Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por «desistimiento», y el segundo Proyecto de finalización de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse mientras que «el compromiso municipal» asumido por el Ayuntamiento de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras «quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren».

«Son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra», entre ellas, esta pasarela, que desde 2014 ha estado «abierta al público en general sin ningún tipo de restricción», argumenta la magistrada.

Además, indica que Demarcación de Costas «era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento». En este sentido, señala que un informe de mayo de 2024, elaborado por un vigilante de Costas, advertía al jefe de Servicio de Obras «del mal estado de ciertas maderas», por lo que meses después se llevó a cabo una reparación de las infraestructuras, entre ellas la siniestrada.

Actuar negligente en el mantenimiento

Si bien la magistrada ya ha solicitado un informe pericial sobre distintos extremos técnicos que ayuden a esclarecer los hechos, pendiente de emisión, del conjunto de lo actuado hasta la fecha «concurren serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela».

Y saca esta conclusión a partir del acta de inspección de la Policía Científica que advirtió de que «todos los elementos metálicos de la estructura se encuentran completamente oxidados», mientras que el único mantenimiento documentado de la pasarela, realizado cuando ya llevaba 10 años construida, intervino sólo sobre su estructura de madera, lo que, a juicio de los investigadores, «ha podido resultar insuficiente, concurriendo serios indicios de negligencia en ello».

Por ello, también acuerda en su auto ampliar el objeto del informe pericial que ya solicitó el pasado 13 marzo. Ahora, la magistrada pide que éste aclare si la reparación que Costas llevada a cabo en el mes de julio de 2024 en la pasarela «interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera fue suficiente».

«Procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela», por su posición de garante, concluye la magistrada.

El Ayuntamiento debe precintar

Además, advierte que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, «el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público».

Así, «detectado un riesgo, debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra
administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento
promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos».

Por ello, afirma que «resulta relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible».

Para clarificar esto, la magistrada acuerda en su auto pedir al Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que trate de recabar «material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela días o semanas antes del siniestro, en forma de fotografías anteriores al derrumbe y testimonios de personas que frecuentaran la misma».

También quiere escuchar a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte que fue identificada después de que la magistrada pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre la pasarela. Esta vecina comparecerá como testigo el próximo viernes, 27 de marzo.

Declarará después de los dos ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112 el día previo, la operadora que recibió su llamada, la policía local que a su vez recibió la comunicación del 112, y los agentes que realizaron la inspección ocular tras el accidente.