Los jueces temen el acoso de los radicales tras la sentencia del 1-O y exigen protección a los Mossos
El dispositivo ‘Toga’ por el que los Mossos d’Esquadra protegen sedes judiciales en Cataluña ante los ataques del separatismo tiene fecha de caducidad: enero de 2020. Tanto los agentes como los poderes políticos ya han pedido que se cancele el operativo de manera inmediata, pero en la Justicia ven necesario mantenerlo al menos hasta la sentencia del juicio a los golpistas del 1-O. Se esperan reacciones violentas ante un fallo condenatorio.
Los jueces catalanes se inclinan por mantener la protección de los juzgados mediante el dispositivo ‘Toga’. Así se lo han trasmitido al Gobierno de Quim Torra desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tal y como explican fuentes políticas a OKDIARIO.
Esta misión, que se puso en marcha cuando los radicales de los Comités de Defensa de la República iniciaron una campaña de acoso y ataques con estiércol contra sedes judiciales en todo el territorio catalán, lleva meses en entredicho.
De una parte están las críticas de los propios agentes de los Mossos d’Esquadra destinados al ‘Toga’. Consideran que no está siendo eficaz, que los ataques han cesado y que no ha habido ninguna detención en estos meses.
Los Mossos piden su fin
Incluso por parte de algunas asociaciones profesionales, como el Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), han advertido por carta a su director que el operativo ha sacado a 300 agentes de las calles y eso está contribuyendo al clima de inseguridad en el que vive inmersa Barcelona y otros municipios catalanes. Le han solicitado la eliminación del dispositivo.
A ello se suman las presiones por parte del Gobierno de Quim Torra y del Ayuntamiento de Ada Colau, que en fechas recientes han coincidido en señalar la idoneidad de acabar con este despliegue.
Sin embargo, la última palabra la tiene la Justicia catalana, que fue quien solicitó el refuerzo de seguridad ante la oleada de ataques. El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó la protección permanente -las 24 horas- de medio centenar de sedes judiciales en la comunidad. Luego se limitó la vigilancia al horario de apertura de los edificios.
Repunte por la sentencia
El TSJC no está por la labor de dar por terminado el dispositivo ‘Toga’. Argumentan su posición en la inminente sentencia del juicio a los golpistas del 1-O, que se espera para la segunda quincena de septiembre como pronto.
Se entiende en ámbitos judiciales que una sentencia condenatoria, previsible, podría volver a encender los ánimos de los colectivos separatistas radicales. Y esto supondría una nueva campaña de ataques y acoso a jueces y funcionarios de la administración.
Por tanto, lo que han trasmitido al Gobierno de Torra y al departamento de Interior de la Generalitat es que los Mossos del ‘Toga’ deberán seguir protegiendo a los jueces al menos hasta que se “calmen los ánimos” tras el fallo del 1-O.
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