El Gobierno vasco amplía su programa para «víctimas del franquismo» mientras acelera la excarcelación de etarras
Desde que las competencias penitenciarias están en manos del Gobierno vasco, de media concede cada año la semilibertad a una decena de presos de ETA
El Gobierno vasco que preside Imanol Pradales, del PNV, socio necesario de Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa –como también lo es la proetarra Bildu–, ha anunciado que va a reforzar sus programas en favor de las «víctimas de la Guerra Civil y del franquismo», mientras acelera la excarcelación de presos de ETA con una auténtica oleada de concesión de permisos de semilibertad a criminales de la banda terrorista que, a sangre y fuego, trató de derribar la democracia en España tras la muerte del dictador.
ETA mató a más de 850 personas, hirió a miles, aterrorizó a la sociedad española e impuso su particular dictadura de las armas en el País Vasco, donde ETA y sus seguidores cercenaban los derechos humanos e incluso condicionaban, por la vía del terror, las sucesivas citas electorales en numerosos municipios en los que, en la práctica, imponían una atmósfera de miedo incompatible con unas elecciones auténticamente libres.
Los pactos sellados por Sánchez con Bildu para alcanzar el poder con la moción de censura de 2018, y las alianzas que ha revalidado desde entonces con los herederos políticos de ETA para seguir en La Moncloa, han incluido beneficios directos para los presos de la banda terrorista. Un paso fundamental en este sentido fue el traspaso de las competencias penitenciarias al País Vasco, lo que ha dejado en manos del Ejecutivo autonómico la gestión de los permisos a etarras. A la par, Sánchez culminó el traslado de terroristas de ETA a cárceles vascas.
Que esto ha supuesto un cambio total lo certifica el hecho de que se hayan multiplicado aceleradamente la concesión de beneficios penitenciarios a presos de ETA. Como ha informado OKDIARIO esta misma semana, desde 2021, cuando el Gobierno vasco asumió estas competencias, se ha triplicado el número de permisos de semilibertad otorgados a etarras. De media, cada año se conceden a una media de diez etarras.
Entre los recientemente beneficiados figuran sanguinarios como el ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, condenado a 377 años de prisión; Jon Bienzobas, que acumula penas de 266 años de prisión que fue el autor, entre otros atentados, del asesinato del catedrático y jurista Francisco Tomás y Valiente; o la ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, que desató un escándalo de tal calibre que llevó a la Fiscalía a oponerse a esa semilibertad, lo que ha hecho que el juez de vigilancia penitenciaria haya anulado ese beneficio concedido por las autoridades vascas. Anboto acumula condenas que suman 700 años de cárcel.
Este viernes, en el marco del Consejo Territorial de Memoria Democrática celebrado en La Palma bajo la presidencia del ministro Ángel Víctor Torres, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha proclamado que su Ejecutivo autonómico va a «colaborar activamente» en ampliar el censo de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. El Gobierno vasco ha emitido un comunicado al respecto en el que no hace mención alguna a las víctimas de ETA, ni a la memoria democrática aplicada a luchar contra el olvido de lo que supuso su sanguinario terrorismo y la dignificación de sus víctimas. La consejera vasca de Justicia es la responsable política directa de la política penitenciaria y, por tanto, de las concesiones de esos beneficios a presos de ETA.
«La consejera María Jesús San José ha manifestado la intención del departamento que dirige de formar parte de este censo con el fin de tratar de localizar a aquellas personas vascas desaparecidas que se puedan encontrar en fosas fuera de Euskadi», ha dicho el Ejecutivo vasco en este comunicado, en el que tampoco se hace mención alguna a los 379 crímenes de ETA que están pendientes de resolverse y, por tanto, sin que hayan sido juzgados y condenados sus autores.
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