El Gobierno rechaza la ‘vía escocesa’ para el referéndum que proponen Junqueras y Puigdemont

El Gobierno ha rechazado este lunes la posibilidad de un acuerdo para convocar un referéndum en Cataluña a semejanza del celebrado en Escocia en 2014, tras la publicación de un artículo con esa propuesta firmado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras.

En la víspera de que el Parlament inicie el debate final de los presupuestos de la Generalitat para 2017, Puigdemont y Junqueras piden al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la negociación de un referéndum acordado, aunque insisten en que no renunciarán a «ejercer ese derecho» si se mantiene el «rechazo frontal».

A raíz de ese artículo publicado en el diario El País, fuentes de la Moncloa han rechazado la posibilidad de un acuerdo sobre el referéndum y han argumentado que, a diferencia del caso escocés, en España «ni el Gobierno ni el Parlamento pueden negociar sobre lo que no les pertenece», puesto que «la soberanía nacional corresponde al conjunto de los españoles».

Asimismo, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha instado a Puigdemont y Junqueras a que elijan entre el papel de «pirómanos o bomberos» y los ha acusado de hacer «trampa» por abogar por la negociación y al mismo tiempo dar «un ultimátum» sobre la convocatoria de un «referéndum ilegal».

En cambio, la consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha denunciado que «en estos momentos no hay abierta ninguna línea de diálogo» y ha insistido en que el Ejecutivo central «está sentado permanentemente en la mesa de la judicialización».

Munté ha garantizado que el Govern trabajará «desde la máxima discreción» para que los catalanes «puedan votar en un referéndum de autodeterminación en este año 2017»: «Haremos todo lo que esté en nuestras manos, actuaremos con astucia», ha insistido.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha lamentado que el Gobierno mantenga su negativa a negociar el referéndum y ha advertido a Rajoy de que usar «la violencia judicial», la «represión» y la «vulneración» de derechos, «debilita» democráticamente al Estado.

Debate sobre los Presupuestos

Mañana martes por la tarde el Parlament iniciará el debate final de los presupuestos del Gobierno catalán para 2017, que se prevé que sean aprobados el miércoles con los votos de Junts pel Sí y la CUP.

Después de que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminara que la disposición adicional del proyecto presupuestario que alude al referéndum es inconstitucional, Junts pel Sí planteó una enmienda que incluye un guiño a la vía pactada con el Estado, al hacer referencia al Pacto Nacional por el Referéndum.

En concreto, el nuevo texto indica que «el Govern, dentro de las disponibilidades presupuestarias para el 2017, tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar la dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a las necesidades de la convocatoria del referéndum sobre el proceso político de Cataluña».

Y añade que se tendrá «en cuenta el trabajo desplegado por el Pacto Nacional por el Referéndum de acuerdo con los criterios del dictámen del Consejo de Garantías Estatutarias».

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha instado a Puigdemont a convocar elecciones en Cataluña, en lugar de «repetir un 9N», y ha planteado la posibilidad de pedir, junto con PSC y PP, que el TC frene los presupuestos del Govern.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha señalado que si los presupuestos mantienen la disposición del referéndum, los socialistas presentarán un recurso de inconstitucionalidad, aunque «no se sumarán» al que planteen PP o Ciudadanos.

Otro punto de atención para mañana será la reunión habitual del Govern, que esta vez ha invitado a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau para analizar la situación creada por las primeras inhabilitaciones por la consulta soberanista del 9N de 2014 y trasladarles un encargo sobre la difusión del proceso catalán.

Hoy, Puigdemont ha recibido a cuatro diputados daneses, a los que ha animado a que denuncien internacionalmente la «judicialización» de la política que a su juicio practica el Gobierno de España