El Gobierno exige a sus becarios los antecedentes penales de los que exime a los ilegales que regularizará
Los inmigrantes podrán regularizarse con una simple "declaración responsable" que se dará por buena
En plena polémica por el real decreto que permitirá a los inmigrantes regularizarse con una simple «declaración responsable» de antecedentes penales, el Ministerio de Economía ha convocado unas ayudas «en programas de talento» para la «internacionalización» de la entidad pública empresarial ICEX, que exige a sus beneficiarios, jóvenes empresarios, carecer de antecedentes penales y no estar incursos en causas penales.
El propósito de estas ayudas es «la formación de estudiantes y profesionales en el ámbito de la internacionalización, así como facilitar la atracción de talento». Sus beneficiarios serán jóvenes que podrán realizar prácticas en la internacionalización de las empresas españolas, con el fin de «mejorar su inserción laboral», así como la «competitividad y productividad de las empresas españolas internacionalizadas».
Para acceder a las ayudas, los solicitantes deberán estar en posesión de la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea y ser residentes en España, ser mayores de edad, estar en posesión de la titulación establecida en la convocatoria, no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con la realización de las actividades que constituyen el objeto de la subvención y «no tener antecedentes penales ni estar incurso en causa penal».
Cabe recordar que el real decreto que permitirá la regularización de 1,2 millones de inmigrantes -según las estimaciones de la propia Policía Nacional- establece que si la persona extranjera «acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente».
Si transcurrido de nuevo un mes el Ejecutivo no recibe dicha información, «la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En ese caso, se entenderá, a los efectos de esta disposición transitoria, que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países». El Gobierno no realizará en ese caso comprobación alguna y dará por buena la declaración.
Alerta de la Policía
La propia Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha trasladado al Ejecutivo varias advertencias en relación al real decreto, algunas referidas a los antecedentes penales de los potenciales beneficiarios de la regularización.
Así, avisan de que «en la solicitud no quedaría reflejada la residencia previa en otros países si el ciudadano extranjero lo omite, por lo que de los antecedentes penales que pueda tener en los mismos no se va a tener constancia dado el elevado riesgo de que el extranjero obvie conscientemente tener que aportarlos».
Igualmente, en el informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se advierte que «se exime de presentar el certificado de antecedentes» si la persona extranjera «acredita haberlo solicitado y no haberlo recibido, en cuyo caso la Administración procederá a solicitarlo».
«Con dicha previsión existe el riesgo de que el extranjero, habiendo recibido un certificado desfavorable, niegue haberlo recibido, obligando a la Administración a realizar la solicitud. Solicitud esta última que, de ser infructuosa, pueda ser suplida por una declaración responsable».
En este contexto, desde la Dirección General de la Policía advierten al Ministerio del Interior que «no se puede aceptar cumplimentado el requisito de carencia de antecedentes penales mediante una mera declaración del solicitante, más aún si no se prevén las consecuencias que pudiera tener que la misma se termine por comprobar como falsa».
Además, señalan que la condición de que el inmigrante lleve al menos cinco meses en España es insuficiente para generar antecedentes penales. Así, destacan que «a un extranjero encartado en causas penales, no le van a constar, en la mayoría de casos, antecedentes penales, pese a poder tener causas judiciales abiertas».
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