El juez exonera a Aguirre de Púnica: desimputados el 90% de los acusados en la gran causa contra el PP

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, ha archivado la causa contra la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y para su sucesor, Ignacio González, dentro de la pieza que investigaba la presunta existencia de una caja B en el PP de Madrid. En un auto, el magistrado finaliza la instrucción de la pieza 9 del denominado caso Púnica y archiva la causa para 71 personas físicas y 3 jurídicas además de Aguirre. Entre ellas el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y los ex consejeros Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, así como los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid. Así, el 90% de losimputados en la gran causa contra el PP quedan exonerados.

Esta noticia fue adelantada por OKDIARIO en el pasado mes de julio. El magistrado tomó esta decisión después de recibir un escrito del Ministerio Público en el que pide que se levante la imputación de la ex regidora madrileña en la pieza en la que se investiga si el PP de Madrid tenía una caja B con la que financió campañas electorales, tal y como adelantó este periódico en noviembre.

García Castellón dice que los presuntos delitos cometidos en las campañas electorales autonómicas de 2007 y las generales de 2008 estarían prescritos. Sobre el archivo de la causa para Aguirre, el juez apunta que «lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos”.

Los hechos relativos a los comicios de 2011 no estarían prescritos, y por ellos García Castellón ha propuesto juzgar a ocho personas, entre ellos el que fuera gerente del PP de Madrid Beltrán Gutierrez y el ex secretario general de la formación Francisco Granados, por la financiación irregular en aquellas elecciones y contratos de posicionamiento online de altos cargos.

En este procedimiento, que se inició en el año 2014 a raíz de una comisión rogatoria de Suiza por un posible delito de blanqueo de capitales en el que se investigaba a Granados, se ha investigado la financiación del PP de Madrid en las campañas electorales autonómicas de 2007 y de 2011 y las generales de 2008. Además, el magistrado ha analizado todas las adjudicaciones en el ámbito de la contratación pública, así como los contratos de reputación online para posicionar a altos cargos del PP en las redes sociales.

En relación con las elecciones autonómicas de 2011, únicas no prescritas, el magistrado explica la operativa desarrollada desde el comité de campaña del PP para ocultar los gastos reales de la campaña. Así, mientras la cuenta electoral registró unos costes de 2.986.624 euros que fueron declarados ante la Cámara de Cuentas, los costes totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6.878.275,04 euros. (Incluyendo la precampaña)

Según explica el juez, la contabilidad presentada ante la Cámara de Cuentas “no respondía a la realidad de lo sucedido”. El juez añade que “para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas”.