La Fiscalía se querella contra Miquel Buch por poner a un Mosso como escolta de Puigdemont

La Fiscalía Superior de Cataluña se querella contra el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch, por poner a un agente de los Mossos d’Esquadra como escolta del prófugo Puigdemont.

El separatista Buch, miembro del Govern de Quim Torra, envió al sargento de la policía autonómica catalana Lluís Escolá a Bélgica para que protegiese al ex presidente Carles Puigdemont, durante su estancia en la capital europea.

En la querella criminal registrada este martes por el Ministerio Público ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Buch -y el sargento de los Mossos, Lluis Escolá- el fiscal imputa a ambos dos presuntos delito de prevaricación y malversación.

Por ello, solicita al tribunal que abra diligencias de investigación y pide que cite a declarar a los dos implicados, para los que establece una fianza de más de 70.000 euros.

La Fiscalía inició las pesquisas previas que han desembocado en esta querella, tras hacerse eco de un escrito de Ciudadanos en el que la formación naranja denunció a Buch, por haber destinado a un miembro de la policía autonómica catalana -y por tanto pagado con fondos públicos- para escoltar al líder separatista catalán, huido de España, tras ser acusado por el Tribunal Supremo de rebelión, en calidad de «asesor de seguridad» de la Generalitat.

Consideran los fiscales acreditado, tal y como consta detallado en su petición al tribunal, que las funciones de escolta desarrolladas por Escolá -por orden de Buch- para el «procesado rebelde Sr. Puigdemont», mientras se encontraba oficialmente contratado por el Departamento de Interior de la Generalitat, son constitutivas de sendos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La conducta de ambos acusados ha causado, a juicio de la Fiscalía, un perjuicio patrimonial de las arcas del Estado que habrían ascendido, como mínimo, a los 60.000 euros brutos que Escolá percibió de la Consejería de Buch, en concepto de retribución, durante el período en el que se encontraba en Bruselas trabajando para proteger y acompañar a Puigdemont.

Además, la Fiscalía acusa a Buch de tomar una decisión «arbitraria» en la designación de Escolá como escolta de Puigdemont en su «periplo europeo» para eludir la acción de la Justicia española «ante la inminente exigencia de responsabilidades penales», por parte de ésta, «por los actos que dieron lugar» al juicio del ‘procés’ ante el Tribunal Supremo.

Buch incurrió, para el Ministerio Público, en un «ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección a una persona en situación procesal de ‘busca y captura’ por haber eludido el llamamiento judicial en un procedimiento en el que le eran imputados graves delitos», en referencia a Puigdemont.

Algo que «resulta incompatible con los fines que el art. 103 de la Constitución Española» que obliga a los miembros de la Administración a respetar el «correcto funcionamiento» de la misma y sus instituciones «con sometimiento pleno a la ley y al Derecho», concluye el fiscal en su escrito.