El fiscal pide un año y medio de cárcel para el ‘mafioso’ Cursach por tener un arma ilegal y 640 balas

La Fiscalía ha pedido este jueves una condena de un año y 6 meses de prisión para el empresario Bartolomé Cursach por tener «un arma y munición clandestina» en su domicilio. La defensa ha solicitado su absolución porque sólo hallaron la escopeta tras preguntarle y además tenía licencia, aunque estaba caducada.

En el juicio celebrado este jueves en el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma, el primero al que se enfrenta Cursach en el marco de la macrocausa abierta sobre la mafia policial de Mallorca, el fiscal ha pedido que sea condenado por tenencia ilícita de armas, agravada por la introducción en territorio nacional del arma sin cumplir requisitos reglamentarios porque fue fabricada en Estados Unidos. La Policía halló en el registro de su casa una carabina semiautomática, balas y cartuchos.

Cursach permanece en prisión preventiva desde febrero del año pasado, investigado por numerosos delitos como cohecho, extorsión, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, en el marco de una presunta trama policial para beneficiar a su grupo discotecas y locales de ocio nocturno.

El empresario ha admitido ante el juez que tenía una carabina debajo de la cama, pero ha precisado que nunca ha disparado con ella ni con ninguna: «Jamás pensé en usarla». Ha contado que el arma era de un amigo que vivió en su finca algún tiempo y que, cuando éste murió, la recogió.

«Un arma que no podía ser identificada»

Cursach ha insistido en que en el registro de su finca de Puntiró, tras su detención el 28 de febrero del año pasado, el arma la sacó él mismo de debajo de la cama: «La escopeta la saqué yo y la entregué. Porque ellos no la hubiesen podido sacar entre los hierros de la cama eléctrica que tengo», ha detallado. Sin embargo, tres policías han declarado que fue un agente el que la extrajo.

En su informe final ante el juez Eduardo Calderón, el fiscal Miguel Ángel Subirán ha confirmado su petición de condena y ha asegurado que al empresario «le ha interesado la clandestinidad, tener un arma para defenderse y que no puedan identificarla jamás».

Ha explicado que, teniendo un arma que no consta en los registros y que nadie podría relacionar con él, «puedes pegar todos los disparos del mundo, que nunca los identificarán con ese arma ni con el tenedor del arma».

Según el fiscal, que Cursach tuviera hasta 640 balas y cartuchos repartidos en dos viviendas confirma la versión inicial que dio el empresario a dos de los agentes en el registro, según la cual tenía el arma para defenderse, motivo por el que la guardaba debajo de la cama y con la munición «a mano, cerca, en los dormitorios».

Dueño de las discotecas Tito’s y Pachá

Dos policías han contado que en el mismo registro Cursach les pidió además «ayuda con el tema del arma». El propietario de las discotecas Pachá y Tito’s del Paseo Marítimo de Palma ha presentado en su defensa un permiso de armas de 1982, al que el fiscal se ha referido como «una cartulina» que no supone ningún amparo administrativo porque al estar caducado «es como no tener licencia».

El abogado defensor de Cursach, Enrique Molina, ha pedido la absolución al considerar que aunque la licencia de armas de Cursach esté caducada no ha sido revocada, por lo que se puede considerar que cometió una falta administrativa al no actualizarla, pero no un delito.

Sobre el hallazgo del arma, Molina ha alegado que si la policía encontró la carabina en el registro de la finca de Puntiró fue porque tras hallar de manera fortuita unas balas en un cajón, le preguntaron al propio Cursach si tenía arma y éste les indicó dónde estaba.

Ha recalcado que un policía, en un registro, no puede dirigirse al detenido si no está asistido por su abogado, tal como había pedido Cursach en el mismo momento de su detención, cuando dio a los agentes el nombre y el número de teléfono de su letrado, al que no llamaron. Molina ha pedido al juez que considere nulo el hallazgo del arma porque fue una «localización ilegítima» a partir de una conversación con el detenido que no debió ocurrir.