Delgado dice ahora que los intereses de España pasan por defender a Llarena

La ministra de Justicia, Dolores Delgado da marcha atrás sobre la postura inicial del Gobierno en la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los políticos independentistas fugados de España han presentado contra él en Bélgica y asegura que el Ejecutivo le defenderá «hasta las últimas consecuencias».

En una entrevista en RNE Delgado ha calificado la rectificación del Ejecutivo como «un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien» y, por tanto, «no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia». «Lo puedo garantizar», ha zanjado, en relación al documento de la Abogacía del Estado que consideraba que sí se debía defender al juez Llarena.

Además, ha culpado a los medios de polémica en torno al abandono del Gobierno a Llarena, asegurando que se han publicado «determinadas informaciones» que ha calificado de «interesadas o intoxicadas», en las que se «manejaba documentación que no eran informes definitivos», ya que desde el informe inicial que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso y en el que «no entra en el fondo» de la demanda contra Llarena puesto que el Gobierno aún no la tenía, «no existe ni un sólo informe oficial» que cierre la posición del Ejecutivo.

«No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídidas de lo que hacemos», ha detallado.

En esta línea, ha argumentado que el Gobierno ha hecho «un ejercicio de transparencia»: «Cada paso que ha dado el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado, las personas y el equipo que estamos involucrados en el estudio de este asunto ha sido comunicado y por eso hemos ido en esta evolución», ha dicho.

«Ahora trabajamos en la estrategia para defender los intereses de España, que pasa por defender la actuación jurisdiccional del juez Llarena», ha afirmado tras anunciar el pasado viernes la vicepresidenta Carmen Calvo que el magistrado debía ser defendido por el Poder Judicial y no por el Gobierno.